La banca no renuncia a las propiedades que se adjudica tras el impago de hipotecas, pero tampoco quiere más ruido. Las imágenes de la Policía sacando a empujones a familias completas de sus casas han dado la vuelta al mundo y han generado una pésima reputación a las entidades que ahora sí se muestran dispuestas a sentarse a negociar.
Ese es el gran logro que se ha conseguido sobre las ejecuciones hipotecarias, un logro sólo en la práctica, porque la estadística refleja que un mayor número de gaditanos pierden sus propiedades por no poder hacerle frente al pago.
Hasta septiembre del año pasado fueron 1.748 las ejecuciones que se llevaron a cabo en la provincia, casi un 6% más que durante el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos actualizados por el Consejo General del Poder Judicial.
De ellos, algo más de 450 fueron viviendas habituales de sus propietarios que en la mayoría de los casos lograron un acuerdo para compensar la deuda tras entregar las llaves e incluso permanecer en el inmueble a cambio de un alquiler social. También se ha recurrido a la fórmula más general, que es renegociar los contratos y revisar las cláusulas abusivas.
«Era lo lógico, las entidades no quieren más pisos cerrados, que se deterioran y además les genera un gasto», señala Juan José Sánchez, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca en Chiclana, uno de los colectivos más veteranos de Andalucía que trata estos asuntos.
Señala que a lo largo del año pasado atendieron en torno a 800 consultas relacionadas con cláusulas abusivas en hipotecas, retrasos en el pago y riesgo de desahucio. Según explica, «ese drama del desalojo forzoso que ponía en la calle a las familias ha desaparecido», al menos en su ciudad. No destacarta que vuelva a ocurrir un nuevo episodio, pero «sería de forma aislada».
Sánchez se muestra convencido de que «la situación ha dado un giro completo» y ahora es posible negociar y conseguir una solución «que le cambia la vida al que lo sufre». Por lo general, continúa, se ofrecen periodos de tres o cuatro años durante el que se pagan rentas fáciles de asumir, luego habrá que volver a sentarse a hablar.
Este portavoz local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aclara que «la estadística del Poder Judicial es muy vaga» y no distingue entre vivienda habitual, que es donde se produce el verdadero drama, y el resto de propiedades. Según explica, «la casa propia suele ser uno de cada cuatro casos, el resto son muchos locales comerciales, naves, garajes y, ya en menor medida, segunda residencia».
Problema generalizado
Melchor López, que ha sido secretario de este mismo colectivo en Jerez hasta el pasado diciembre, se muestra más escéptico y considera una «incongruencia» decir que suben los desahucios, pero no hay drama. Él es un afectado más que tuvo que hacerle frente al cierre de su empresa y ahora sigue colaborando con otras personas que se encuentran en medio de este tipo de procesos.
Según explica, «habría que hacer seguimiento a lo que ha ocurrido con aquellas personas que perdieron sus propiedades, cómo han retomado sus vidas y en qué condiciones». Sin embargo, López reconoció que hoy sí hay herramientas con las que no se contaba hace unos años como el decreto de buenas prácticas de 2012 que deben aplicar las entidades bancarias.
«No todas informan a los clientes de las opciones que tienen, pero intentamos que los afectados lo conozcan». También exigió que se revise y se planteen condiciones menos restrictivas para que más afectados puedan acceder a estas opciones.
El problema ya no es una cuestión de zonas más deprimidas o de personas sin trabajo. Melchor López pone como ejemplo el último caso que le ha llegado en el que el afectado es un militar de la Base de Rota con tres hijos. «La familia tiene una sola nómina y no llega a fin de mes», indica.
Este voluntario destaca que en lo que toca a Jerez el drama comenzó en zonas más populares como la barriada de San Telmo, pero se ha extendido por toda la ciudad. Lamenta que «con 34.000 parados esto seguirá al alza». En todo caso, invita a todo aquel que se vea en riesgo que perder su propiedad a que se informe y haga uso de todas las herramientas que tiene a su alcance.
