El cumplimiento de ciertas normas que se encuentran dentro del Estatuto catalán está poniendo en apuros a algunos empresarios de Cataluña. Es el caso del dueño de una inmobiliaria, que se enfrenta a una multa por poner el rotulo en castellano y utilizar esta lengua en sus anuncios, e incluso en sus facturas. Son 1.200 euros los que tiene que pagar. Incumple la ley de política lingüística de la Generalitat que marca que el rótulo debería estar al menos en catalán. Una denuncia anónima sirvió para que le sancionaran. Pero él piensa defenderse y, si hace falta, recurrirá al Constitucional y a Estrasburgo....