El Gobierno para el Plan de Residuos Radioactivos por las trabas de Page
A pesar de ello, el secretario de Estado de Energía dice que «no hay ninguna duda» de que el ATC sigue adelante. El Gobierno de Castillla-La Mancha expresa su «satisfacción» y lo considera una victoria política
La actualización y revisión del Plan General de Residuos Radiactivos vigente «ha sufrido un parón por la nueva postura» del gobierno de Castilla-La Mancha sobre el almacén temporal centralizado ( ATC ), contrario a esta instalación, y porque se plantea el escenario de alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta los 50 años, según ha informado este martes el Gobierno y ha recogido Ep.
Durante la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha explicado que el Gobierno está a la espera de las decisiones que pueda tomar Castilla-La Mancha. Hay que recordar que el Gobierno autonómico socialista de Page quiere declarar como ZEPA (Zona de Especial Protección Ambiental) el entorno del emplazamiento del ATC.
En cuanto a los próximos pasos a seguir, Nadal considera que dependerá de si Castilla-La Mancha «revierte» su posición contraria al ATC, ya que habrá que evaluar el impacto de estas decisiones para evitar «retrasos» en el proyecto. De lo que «no hay ninguna duda», ha asegurado Nadal, es de que «el proyecto se va a llevar a cabo». Sin embargo, insistió, las trabas desde el Gobierno de Castilla-La Mancha pueden variar el procedimiento para que el ATC deje de ser un proyecto y se convierta en una realidad.
Según ha explicado el secretario de Estado de Energía, el plan de residuos depende de la vida útil de las centrales nucleares. Motivo por el cual estos planes se han ido revisando. Así, en los tres primeros planes se estimó una vida útil de las plantas de 30 años; en el cuarto se realizó una comparación de dos opciones, a 30 y 40 años y en el quinto y sexto plan se contempla una vida de 40 años. En cuanto al séptimo plan, en octubre de 2013 Enresa presentó un borrador en el que se analizan dos posibilidades: una vida útil de las centrales nucleares de 40 ó de 50 años.
Respecto a la vida útil, Nadal ha recordado que no hay un plazo definido por ley sino que en España se otorgan autorizaciones «por diez años» que autoriza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Con todo, el «principal obstáculo» al séptimo plan general de residuos es la fecha concreta en que el ATC entrará en vigor. Según Nadal, la instalación estará lista «a tiempo» (sin precisar que es «a tiempo) porque, de lo contrario, las consecuencias económicas para España no serán buenas. «Va a haber ATC en el tiempo que se necesita», ha insistido.
Castilla-La Mancha está «satisfecho»
El anuncio del secretario de Estado ha caído con «enorme satisfacción» en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que ve en este parón una victoria política. «Es evidente que si el Gobierno regional no hubiera tomado esa decisión (la de declarar como Zona de Especial Protección Ambiental el emplazamiento donde se ubicaría el almacén nuclear) hace dos meses, probablemente las obras del ATC hubieran empezado », ha dicho este martes Francisco Martínez, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Martínez cree que «no tiene sentido» que en una comunidad contraria a este tipo de energía se ponga en marcha un ATC. Por ello, insiste en que desde Castilla-La Mancha tienen «la mano tendida» hacia el Gobierno central para que «entre las dos administraciones competentes haya un acuerdo».
Por otro lado, el consejero anima al Gobierno central a que se decida sobre si se amplia la vida útil de las centrales nucleares. Una decisión que también puede afectar al ATC, ya que si la vida útil se ampliara «habría que reconsiderar el proyecto del ATC, incluso en cualquier otra ubicación », ha explicado el consejero.
Por último, y sobre los próximos pasos a seguir, Martínez anuncia que va para largo. «El Gobierno quiere hacer un ATC, pero se ve condicionado por una decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha, que inicia un procedimiento de protección ambiental. El procedimiento es largo, en seis o siete meses habrá una propuesta de protección de los recursos naturales encima de la mesa», ha explicado. Pasado ese tiempo, «si esa protección llegara a buen puerto, estarían prohibidas este tipo de construcciones». Pero también avisa: si el Gobierno central insistiera con el ATC, la pelea entre administraciones podría llegar a instancias comunitarias, es decir, a Bruselas .
En cualquier caso, no hay que olvidar que hay elecciones generales antes de ese horizonte de seis o siete meses y que no una victoria que no fuera del PP también podría significar el fin del ATC. En este sentido, el secretario de Estado ha recordado que es un «proyecto socialista (del anterior Gobierno de Zapatero) aprobado por unanimidad», en el que el Gobierno del PP «lo único» que ha hecho ha sido poner el «broche final» al elegir el emplazamiento en Villar de Cañas. De ahí que no entienda por qué precisamente «ahora» un gobierno socialista sea el que ponga «obstáculos».
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