Relevo en la FEMPFernández quiere acabar con el «periodo de silencio»

La nueva presidenta de la FEMP quiere «más independencia» para la institución, en la trabajará desde el consenso

F. RAMÍREZ

La socialista Mayte Fernández, la alcaldesa de Puertollano, se convirtió desde ayer en la primera mujer que presidirá la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha. Y lo hará durante una legislatura que estará marcada por el «trabajo en equipo» y por dar «más independencia» a esta institución, dejando atrás una etapa de «silencio, asentimiento y conformismo» con lo que, a su juicio, ha ido dictando el Gobierno regional.

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de dar comienzo la XI Asamblea Ordinaria de la FEMP, Fernández se mostró orgullosa por ser la primera mujer que preside este órgano, deseando que su papel sirva como ejemplo «de que se pueden dar pasos al frente» en política. «Me siento parte de una generación distinta, de gente que venimos a hacer una reforma necesaria de nuestra política», aseguró la alcaldesa de Puertollano, quien insistió en buscar «el consenso y el diálogo» con el objetivo de «innovar, crecer e implementar medidas que ayuden a la gestión diaria de los ayuntamientos».

Rechazo a la Reforma Local

La nueva presidenta de la FEMP recordó que uno de los puntos en los que más ha discrepado con el anterior máximo responsable de la institución, el exalcalde de Campo de Criptana Santiago Lucas Torres, es que se debe aclarar el contenido de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, con la que «gran parte» de los consistorios y responsables municipales «no han estado de acuerdo».

Fernández manifestó, al respecto, que la FEMP tenía que haber «alzado la voz con más potencia», buscar el consenso entre todos y adoptar «el papel reivindicativo porque todo redunda en beneficio de los ayuntamientos», dijo la dirigente, para señalar que esta ley «no tiene nada que ver con los ciudadanos que tocan a tu puerta para pedir servicios». Además, añadió que con esta ley se ponen en duda competencias «tan diarias», por lo que señaló que la FEMP va «a tener muchas dificultades» a la hora de poner en práctica su labor con la existencia de la ley.

En este punto ha criticado que, con la aplicación de esta ley, a partir de enero de 2016 los ayuntamientos no van a tener competencia para hacer las reclamaciones de consumo que se han hecho toda la vida en los consistorios, lo que supone «poner en duda competencias tan normales y diarias, que vamos a tener serias dificultades para desarrollar nuestro trabajo».

Finalmente, Fernández se mostró a favor de «dar una vuelta a la Constitución para reforzar el papel de los Ayuntamientos y para atender a los que merecen nuestra dedicación y todo nuestro compromiso que son los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha». Matizó que durante sus cuatro años de mandato va a trabajar por innovar, crecer e implementar todas las medidas que ayuden a la gestión diaria de los ayuntamientos.

Tras la elección de Fernández, será este lunes cuando se reúna el máximo órgano de la FEMP para convocar los «siguientes pasos» de la organización de la institución.

Trabajo en coalición

Por su parte, el anterior presidente de la FEMP, Santiago Lucas Torres, señaló ante los medios de comunicación que ha dejado esta entidad con unas cuentas «muy saneadas» y que tras este relevo «no hay vencedores ni vencidos». Por eso Lucas-Torres abogó que tanto la presidenta como el vicepresidente, el «popular» Manuel Borja Menchén, alcalde de Membrilla, deben trabajar en coalición «o no tiene sentido».

Sobre la situación económica de la federación, explicó que se ha aplicado «mucho rigor con unos criterios muy estrictos en el tema económico», ya que al iniciarse la legislatura se encontraron con «muchas dificultades económicas», por lo que tuvieron que pedir un crédito.

Además, se mostró orgulloso de haber conseguido modernizar la FEMP, mediante «mucho trabajo y diálogo con todos los grupos políticos». Entre sus logros ha enumerado el proyecto CLIME, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, así como las numerosas jornadas de formación que se programaron durante este período.

Anticipar las ayudas

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseguró ayer que el Gobierno regional va a anticipar el 75% del coste de los programas de empleo que pongan en marcha los ayuntamientos en el marco del Plan Extraordinario de Empleo, según informó Efe.

El próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el 27 de octubre, aprobará las primeras líneas del Plan de Empleo, que «contemplan como novedad el anticipo del 75 % de la financiación», destacó Ruiz Molina, durante su intervención en la clausura de la XI asamblea general de la FEMP-CLM, en la que fue elegida la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, como nueva presidenta.

El consejero señaló que la financiación era uno de los temas que más preocupaba a los alcaldes en relación con la ejecución del Plan de Empleo y, por ello, el Gobierno regional ha trabajado, «no solamente para que el presupuesto de 2016 contemple las dotaciones presupuestarias de las diputaciones y de la Administración regional, sino para que además se anticipen los recursos a los ayuntamientos».

Este anticipo, resaltó el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene por objeto «no distorsionar las finanzas municipales».

En este sentido, Ruiz Molina indicó que este Plan de Empleo es «un claro ejemplo de la colaboración entre la Administración regional, los ayuntamientos y las diputaciones», que deben «ir de la mano» para «conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

Desde esta perspectiva, el consejero, durante su intervención en la asamblea, manifestó que el nuevo Gobierno de España debe impulsar una «nueva Ley de Régimen Local que asegure a los ayuntamientos una mayor capacidad de gobierno, con nuevas garantías de control y de transparencia de la gestión pública y que defina con claridad las competencias de los entes locales».

Desde la región, avanzó, se pondrá también en marcha una Ley de Régimen Local y de Cooperación Municipal de Castilla-La Mancha, encaminada a «incentivar la eficacia, la eficiencia y la optimización de los recursos públicos y que contribuya al asociacionismo, a la cooperación municipal y a la participación ciudadana» para la prestación adecuada de los servicios públicos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas incidió en que esta nueva ley tendrá como principales principios «el respeto mutuo a la autonomía de las partes y la cooperación entre las instituciones».

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