NUEVAS MEDIDAS SOBRE VIVIENDA EN LA REGIÓN La Junta gravará a los que acumulen casas y pisos

Abrir una brecha en el debate social en torno al derecho a una vivienda digna, los desahucios y el drama que hay tras ellos es el objetivo de la nueva normativa que está gestando el Gobierno de Castilla-La Mancha. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page, anunció que el próximo año se va a aprobar una Ley Social de la Vivienda, una norma que gravará a aquellos que acumulen viviendas con afán especulativo y, además, otorgará a la Administración regional, entre otros avances, el derecho a conocer cualquier intento de desahucio antes de que se produzca el desenlace.

Así, García-Page explicó que existirá un trámite concreto claro «que obligará a las entidades bancarias o grandes inmobiliarias a darnos notificación antes de desahuciar a nadie por razones sociales», lo que dará posibilidad de establecer un mecanismo de intermediación.

Junto a esta iniciativa «pionera» y «revolucionaria» en España, se realizarán otras como gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas «y especulan con esa acumulación de viviendas vacías», según explicó el presidente regional, al tiempo que aclaró que este apartado no está referido «a los que se compran su segunda vivienda en La Manga». «Estoy hablando de que en España miles de viviendas se acumulan en pocas manos y no se sacan al mercado esperando que suba el precio, mientras hay gente que no tiene vivienda», lamentó García-Page, «y eso tiene que tener un reflejo fiscal de alguna manera».

Por último, se establecerá una obligación para que en toda planificación urbanística, la distinta tipología de las viviendas se generalice por todos los barrios, con el objetivo de evitar los «guetos sociales», ya que «tendemos a estancar a la gente en función de la renta», aclaró el presidente.

García-Page recordó que, en Castilla-La Mancha, «hemos innovado en muchos debates en España» y, ahora, toca el momento de «abrir una brecha en el debate social» al reflexionar sobre aspectos importantes como el conocimiento previo, por parte de la Administración de Castilla-La Mancha, de cualquier posibilidad de desahucio.

El presidente autonómico hizo estas declaraciones tras la firma del convenio para poner en marcha en la región las seis oficinas «antidesahucios», oficinas que, por cierto, son «insuficientes» para Podemos. Sin embargo, sobre este programa de Asistencia, Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria, García-Page garantizó que quienes se acerquen a cualquiera de estas seis oficinas «van a encontrar una solución personalizada aportada por todos, por la Administración regional, por los abogados de esta Comunidad Autónoma y por los trabajadores sociales».

La iniciativa que ayer entró en vigor está destinada «a quien realmente no tiene cómo pagar su vivienda», añadió, «va a ser muy útil porque pone un rostro humano y eficaz» al problema de los desahucios sociales, un drama que afecta a un colectivo «que ojalá sea pequeño en Castilla-La Mancha».

En último lugar, el presidente se comprometió a objetivar los derechos que hasta ahora eran considerados de «segundo grado o segunda división» en la Constitución como el derecho a la salud, a una vivienda digna, al empleo o a la educación, «y que la crisis ha dejado claro que tienen que ser de primer grado».