Carranque llevará a la Audiencia Nacional posibles irregularidades
El alcalde de Carranque, Javier Martín, anunció ayer que solicitará al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso de la trama Púnica, Eloy Velasco, que investigue la privatización de la gestión del alumbrado público de la localidad.
Así lo dijo durante la primera «Rueda Ciudadana» de Podemos,una iniciativa con la que el grupo parlamentario morado pretende que varios colectivos y personas de relevancia social y política puedan trasladar sus experiencias directamente ante la prensa.
El primer edil de Carranque, acompañado por el secretario regional de Podemos, José García Molina, explicó parte de los datos que ha estado recopilando sobre la privatización de la gestión del alumbrado público desde que se puso al frente de la Alcaldía. Según Martín, desde sus primeros días ha estado indagando sobre cuáles son las causas que han llevado a Carranque a ser uno de los ayuntamientos con más deuda per cápita de España (más de 11 millones de deuda con una población que no llega a los 5.000 habitantes).
En esta búsqueda, encontró ciertas irregularidades, entre ellas algunas correspondientes al proceso de privatización de la gestión del alumbrado público. Según el alcalde de Vecinos por Carranque, estas actuaciones son muy similares a las que se han dado en los ayuntamientos que actualmente están siendo investigados en la Púnica y la empresa de origen de las sospechas también era común, Asproener, una empresa dedicada a realizar estudios de eficiencia energética que está siendo investigada al tener contratos sospechosos en 13 municipios del sur de la Comunidad de Madrid.
Según Martín, la razón de que exista relación entre Asproener y estos estos municipios, que eran todos gobernados por el Partido Popular, se da gracias a la intervención del exalcalde de Griñón, que después de dejar la Alcaldía pasó a formar parte de la empresa y a utilizar sus contactos con compañeros del partido.
Contrato sin publicidad
El nuevo alcalde de Carranque, analizando la información municipal, ha comprobado como Asproener no se limitaba a trabajar en la zona sur de Madrid, sino que también actuó en su localidad. En un principio, el anterior alcalde de Carranque intentó aprobar un contrato con Asproener para realizar una evaluación de eficiencia energética sin hacer público el precio del mismo. El secretario interventor del municipio paró este contrato, por lo que como respuesta, Asproener y el Gobierno del PP acordaron un nuevo contrato por un valor de 18.000 euros, cantidad máxima establecida por la ley para que se pueda establecer un contrato público sin concurso.
El contrato se firmó finalmente el 10 de enero de 2012 por 22.500 euros al mes (270.000 euros al año) y meses después Asproener presenta un estudio de eficiencia energético que resulta ser prácticamente idéntico al realizado por otra entidad en 2010.
El alcalde de Carranque, Javier Martín, señaló que pagar por este estudio era innecesario, primero porque otras compañías lo realizan gratuitamente y, también, porque entre 2010 y 2012 no se habían producido modificaciones del alumbrado público que pudieran cambiar sus resultados.
Martín añadió que este caso es muy similar al que ha ocurrido en la localidad madrileña de Arroyomolinos y que provocó que un juez acuse a los responsables de un delito de menoscabo de las arcas municipales.
