La Junta anuncia que aplicará la Lomce si se introducen cambios
La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Reyes Estévez, consideró que el Ministerio de Educación tiene la potestad de aplicar medidas que «sí se pueden asumir», con cambios en órdenes y decretos, y que no implica la «insumisión» a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
En un desayuno informativo en el que relató, día a día, las actuaciones de su departamento cuando ayer se cumplían tres semanas desde que tomó posesión, Estévez dio cuenta de las siete mejoras «fundamentales» que planteó al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, en la aplicación de la Lomce.
«No es una ley educativa que convence ni convenga a nuestro alumnado y realizaremos todo lo que esté en nuestra mano para mantener la singularidad de nuestra región, pero sin embargo con un planteamiento responsable en su cumplimiento, porque en ningún momento se ha planteado una insumisión», recalcó.
Estévez desveló que «hemos planteado al ministro una moratoria o paralización en el calendario de aplicación», en un escrito en el que «detallamos las mayores siete dificultades que nos estamos encontrando en estos momentos», según informó Efe.
«Los currículos no han sido tratados con los profesores, al aprobarse cuatro días antes de concluir el curso, y por ello no se informó de las asignaturas optativas, que está vinculado a los horarios y no podemos modificar, cuando lo normal es que hubieran estado incluidos en un decreto», razonó.
Otra dificultad, añadió, «es la eliminación de programas que conducían a la titulación del alumnado, como el de Diversificación Curricular, en 3 y 4 de la ESO, para niños con dificultades».
Falta criterio pedagógico
Incidió en «la falta de sensibilidad y criterio pedagógico con respecto al alumnado con necesidades especiales en centros ordinarios» y, también, en «la inexistencia de programas que favorecen la convivencia, como es la coeducación, programa para la salud o de respeto y en libertad».
En el documento, también se aborda «la modificación del sistema de evaluación, las famosas reválidas» sobre lo que, indicó, «no encontramos explicación alguna a que se establezca una evaluación externa, porque parece que transmite una desconfianza respecto al profesorado que evalúa a esos alumnos».
La titular de Educación añadió, en las reivindicaciones presentadas al ministro, una mayor consignación presupuestaria para la Formación Profesional (FP) para contar como más recursos humanos y materiales, y la derogación, ahora sí, del Real Decreto Ley 14/2012.
