Aplazado hasta finales de septiembre el desalojo de «El Cavero»
El desahucio no se hizo por falta de efectivos para alojar a los niños y ancianos
Las 10 horas de ayer era la hora fijada para que los habitantes del asentamiento «El Cavero», en Olías del Rey, recogieran todas sus pertenencias y abandonaran el poblado chabolista pero tras mantener, la autoridad judicial una reunión -durante una hora aproximadamente- con los representantes de los afectados y con los responsables de la Junta de Comunidades y de Podemos en la región, finalmente se ha propuesto aplazar el lanzamiento hasta finales de septiembre, tiempo durante el cual las administraciones públicas podrán buscar una solución integral a los afectados.
La noticia fue recibida ayer con gran alegría entre los vecinos, que desde primera hora de la mañana esperaban con nervios el momento de la llegada de la autoridad judicial. Éste era el caso de Tina y César, un matrimonio con dos hijos de 13 y 9 años que lleva trece años viviendo en su propia casa en el asentamiento, y que, antes de saber el aplazamiento del desalojo, se mostraban nerviosos ante su futuro más inmediato, pues afirmaron que no se niegan a pagar un alquiler asequible, pero sí piden más tiempo para que se les ofrezca esa alternativa para vivir.
El desalojo no se llevó a cabo porque, tal y como explicó el abogado de los afectados, Ángel Benito, «no había efectivos para llevarse a cabo», es decir, que no se habían dispuesto los servicios sociales necesarios para alojar a los 53 niños y los veinte mayores de más de 80 años que viven en el asentamiento. Aclaró que estos efectivos necesarios «no eran miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino funcionarios dedicados a acciones como llevar a los niños a casas de acogida o a los mayores a residencias».
Además el abogado desveló que, al no estar presentes estos efectivos de acción social, desde la Tesorería de la Seguridad Social estuvieron de acuerdo en que se suspendiera el desalojo y reiteró que «ahora hay que esperar al nuevo auto de señalamiento que indique la nueva fecha de lanzamiento», añadiendo que «si se sigue la acción social prevista, los vecinos estarían dispuestos a realizar un desalojo voluntario entre el 15 y el 30 de septiembre».
Búsqueda de una solución
Tras la decisión judicial de aplazar el desalojo de estas más de 40 familias de origen gitano, las administraciones públicas se comprometen a elaborar un plan integral de acción, que pasa tanto por la intervención social, como la escolarización de los niños, y ofrecer una oportunidad laboral a los adultos.
El portavoz de los afectados, Victorino Jiménez, manifestó su alegría por la paralización del lanzamiento, pues según señaló, en «El Cavero» viven niños, mujeres embarazadas y ancianos enfermos que, de ser hoy desalojados, se habrían visto viviendo en la calle, ya que no tienen una alternativa a las chabolas donde residen.
Una alegría compartida también por el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, quien apuntó que en los meses de agosto y septiembre «desde Bienestar Social se va a hacer un estudio exhaustivo de las familias», haciendo hincapié en que el retraso en el lanzamiento «es lo que se pidió desde el primer momento».
Por su parte, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, indicó que la «clave» fue que la Tesorería de la Seguridad Social, que hasta ahora no era partidaria de paralizar el lanzamiento «viniera y viera las condiciones de vida» de los vecinos.
Molina comentó que a las consejerías de Fomento y Bienestar Social «no les daba tiempo a montar ningún dispositivo» para ofrecer una alternativa a los vecinos desalojados, por lo que insistió en la necesidad de que desde la Tesorería de la Seguridad Social «se tomara conciencia de que el lanzamiento no se podía producir». «A partir de ahora la Consejería de Bienestar Social evaluará los casos uno a uno para programar un realojo, lo que irá aparejado a un proyecto global por el empleo para los afectados», añadió.
Tras el aplazamiento del desalojo, que aún no tiene una fecha fijada y que se prevé que pueda ser voluntario y progresivo a medida que se vayan facilitando las nuevas viviendas a los afectados, los familias comenzaron con alegría a desempaquetar sus pertenencias para volver a habitar sus viviendas, aunque sea de forma provisional.
