El Ayuntamiento tendrá 12 concejales liberados
Los cimientos de la nueva legislatura en Toledo se empezaron ayer a construir con la celebración del primer Pleno. En él se aprobó por unanimidad el número máximo de concejales liberados, la retribución de estos o la asignación a los grupos municipales. En cuanto a la retribuciones, estas se mantienen respecto al año pasado, puesto que los Presupuestos están prorrogados. La alcaldesa, Milagros Tolón, percibirá (anualmente) 57.467 euros, mientras que los concejales liberados cobrarán 41.783 euros, lo mismo que el personal directivo en caso de no ser funcionarios (si lo son, el sueldo asciende a 57.592 euros).
En cuanto a los concejales liberados, es decir, con dedicación exclusiva, se aprobó que haya un máximo de 15 (sobre un Pleno de 25). No obstante, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Alfonso Ruiz Molina, especificó después a los medios de comunicación que la previsión es que no haya 15 liberados, sino 12: la alcaldesa y cuatro concejales del PSOE (que están por decidir), los cuatro ediles de Ganemos, dos del PP (también están por señalar, aunque todo apunta a que serán los viceportavoces Claudia Alonso y José López Gamarra) y uno de Ciudadanos, su portavoz, Esteban Paños.
En cuanto a la asignación económica anual que percibirá cada grupo municipal, también se reduce, pero porque hay un grupo político más en el Ayuntamiento con respecto a la pasada legislatura. Es decir, que el dinero destinado a las formaciones es el mismo que en 2014 (193.500 euros). Sin embargo, al entrar Ciudadanos en el Pleno, la cuantía que recibe cada partido es menor. Esto es: PSOE y PP, con nueve concejales, recibirán cada uno 65.700 euros; Ganemos, 34.200 (tiene cuatro concejales), y Ciudadanos, 27.900 (tiene tres).
Hay que recordar que hace una semana la alcaldesa afirmó tener la intención de reducir en un 50 por ciento tanto la asignación a los grupos políticos como el número de concejales liberados. Y en esto último coincidía el líder del PP, Jesús Labrador, ya que así lo manifestó durante la campaña electoral. Sin embargo, lo que ayer aprobó el Pleno por unanimidad de los cuatro grupos no fue una reducción del 50 por ciento ya que, por ejemplo, en la anterior legislatura había 15 liberados (y ahora habrá 12). Por la tarde, ABC preguntó a los dos principales partidos por este tema. En el PP prefirieron no hacer declaraciones; en el PSOE, intentaron justificar las palabras de Tolón, aduciendo que se podrían haber malinterpretado y que, en cualquier caso, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Alfonso Ruiz Molina, matizó las palabras de la alcaldesa días después. Y lo que vienen a decir es que se ha reducido un 25 por ciento tanto la asignación económica que el PSOE recibe como el personal del que dispone en el Ayuntamiento. Y también recuerdan que mientras en la anterior legislatura todo el equipo de Gobierno socialista estaba liberado, ahora solo lo estará la mitad.
Por otro lado, se acordó que los Plenos se celebrarán el tercer jueves de cada mes a partir de las 17 horas, y se crearon las comisiones permanentes de Hacienda y Transparencia; Desarrollo Económico, Empleo y Movilidad; Seguridad Ciudadana y Protección Civil; Promoción Sociocultural y Deportiva, y Bienestar Social. Así como las comisiones especiales de Cuentas y de Sugerencias y Reclamaciones. Cada comisión estará formada por tres miembros del PSOE, otros tres del PP, dos de Ganemos y uno de Ciudadanos.
En el Pleno, además, intervinieron los portavoces de los cuatro grupos políticos. Jesús Labrador, del PP, atacó a Ganemos al decir que ponen en peligro el estado de derecho, porque afirman que ellos «deciden cuándo una ley es justa o injusta» y cuándo se cumple y cuándo no, y eso «se llama tiranía y es propio de otros continentes y tiempos pasados». A lo cual respondió Javier Mateo, de Ganemos: «No venimos a derribar el estado de derecho, venimos a cambiarlo, a intentar evitar que algunos que se proclaman campeones de la moral sigan desahuciando gente de sus casas, a evitar que siga habiendo recortes en sanidad y educación, y a intentar evitar que el 30 por ciento de la población esté en riesgo de exclusión».
