CMT pedirá al fiscal la nulidad de las pruebas de la Inspección de Trabajo
La dirección del ente público de Radio Televisión de Castilla-La Mancha (Rtvcm) salió ayer al paso en un comunicado del expediente de la Inspección de Trabajo de Toledo en el que se denuncia el trato de la directora de Informativos de Castilla-La Mancha Televisión (CMT), Victoria Vigón, a trabajadores de esta cadena.
El ente público, dirigido por el periodista Nacho Villa desde hace cuatro años, ha anunciado que alegará ante el acta de la Inspección de Trabajo la nulidad de las pruebas utilizadas «por haber sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales». La dirección de Rtvcm se refiere a unas grabaciones de audio que la Inspección de Trabajo ha adjuntado en su acta. Según el comité de empresa, en esas grabaciones se escuchan amenazas e insultos a trabajadores por parte de Victoria Vigón.
Desde la dirección del ente público se va a solicitar al Ministerio Fiscal que averigüe la autoría de las grabaciones continuadas, «realizadas durante un periodo de al menos seis meses, obtenidas a escondidas y de manera irregular». También pedirá al Ministerio Público que se pronuncie sobre la actuación del comité de empresa que, «presuntamente y de manera interesada, ha editado y manipulado grabaciones aisladas, convirtiéndolas en conversaciones inexistentes contra trabajadores, así como la posible filtración de la grabaciones a los medios de comunicación siendo conscientes de su ilegalidad».
Según la dirección de Rtvcm, «los hechos perpetrados son muy graves» y considera que «podrían constituir un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificados por el Código Penal con penas de prisión de uno a cuatro años».
Asegura también que es su «obligación» preservar el derecho constitucional a la intimidad y «la propia imagen/voz de todos sus trabajadores», ya que «la intervención ilegal de conversaciones privadas ajenas de forma continuada en el tiempo para editarlas y utilizarlas en beneficio y utilidad propios constituyen una innegable violación del secreto de las comunicaciones que a toda persona otorga el artículo 18.1 y 3 de la Constitución».
La dirección del ente apoya a Vigón en la denuncia que ha interpuesto ante la fiscalía «por considerar que se ha vulnerado su intimidad durante la realización de sus funciones laborales al utilizar unas grabaciones de conversaciones privadas que, además, han sido editadas y manipuladas de manera interesada para que parezcan exabruptos contra los trabajadores».
Además, la dirección del ente público exigirá la «inmediata retirada» de las grabaciones en los medios de comunicación que las han reproducido y se reserva también el derecho de emprender las acciones legales pertinentes contra esos medios.
