Resolución judicialEl TSJ tumba el recurso del PSOE contra la reducción de sueldos de los diputados
Es el tercer varapalo judicial contra el Grupo socialista tras la reforma del Estatuto y de la Ley Electoral
No hay dos sin tres y ayer se hizo pública una nueva resolución, esta vez del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), en la que se desestima el recurso que el PSOE había presentado en esta comunidad contra la reforma promovida por el Grupo Popular que preside María Dolores de Cospedal para reducir el sueldo de los diputados autonómicos. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, se ratifica la decisión adoptada por la Mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha el 12 de febrero de 2013 sobre la retribución de los diputados y condena a todos los miembros del Grupo Socialista que interpusieron el recurso a pagar las costas. También se establece un plazo de diez días para interponer un recurso de casación.
El Tribunal sustenta su decisión en que el Tribunal Constitucional ya avaló la reforma del Estatuto de Autonomía, recurrido también por el PSOE. A partir de esta reforma, se entiende la legalidad del resto decisiones adoptadas con posterioridad, como la reducción del número de parlamentarios autonómicos y la supresión del sueldo para aquellos que no tengan dedicación exclusiva.
Así, la sentencia indica que el Constitucional puso de manifiesto que «la reforma recurrida no ha supuesto una restricción de derechos individuales, sin que haya supuesto aplicación retroactiva alguna» con su aplicación a partir del 1 de enero de 2013. Por tanto, subraya que el acuerdo de la Mesa sobre la retribución de los diputados está «en el marco de sus límites legales y del marco de su libertad de configuración legal, decisión por otra parte adecuada a la teleología normativa perseguida».
En el mismo auto se da la razón al letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha en que «el acuerdo de la Mesa de las Cortes que se impugna en vía de reposición (asimismo, desestimado) es un acto parlamentario de ejecución de mandato establecido en el Reglamento de Las Cortes» y «en ningún caso» es un acto de la administración interna de la Cámara, «como son de su personal, gestión presupuestaria y de su patrimonio (que son los que sí serían susceptibles de impugnación y fiscalización judicial)».
El Tribunal rechaza asimismo que el acuerdo para la reducción de los sueldos de los diputados se adoptara antes de la entrada en vigor de la norma y niega que tenga una falta de motivación, porque «la misma queda definida desde su naturaleza jurídica por los motivos o razones que fundan la modificación del precepto reglamentario en cuestión, expuestos en su tramitación».
Este fallo del TSJ supone que el Gobierno de María Dolores de Cospedal obtiene el tercer respaldo judicial a las reformas que puso en marcha esta legislatura, como son la modificación del Estatuto de Autonomía, la reducción del número de diputados y la reducción de sus salarios, todas ellas recurridas por el PSOE.
Críticas del PP
Esta sentencia sobre la eliminación de sueldos fijos y cambio de la retribución de los diputados, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha sido calificada por el PP en Castilla-La Mancha como de «varapalo judicial» para los socialistas, por lo que en su opinión Emiliano García-Page, secretario general socialista y candidato a la Junta, «debería irse a su casa».
El portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, recordó que este es el «cuarto varapalo judicial de Page a lo que ha sido su forma de entender la política», que a su parecer «está íntimamente arraigada a una forma de ver la política no como un servicio público, sino como una actividad a la que hay que dedicarse de forma interesada».
Así, recordó que el Tribunal Constitucional también rechazó un recurso de los socialistas contra la reducción de número de diputados, contra la supresión de sueldos de los diputados y en contra de la supresión de los pluses que recibían los altos cargos.
Cañizares considera que estos temas «no son cuatro asuntos cualquiera, sino que son la base de su acción política en Castilla-La Mancha, que tenían como objetivo garantizar y perpetuar los privilegios de altos cargos y que hubiera el máximo numero de diputados». En cambio, defendió que la finalidad del Gobierno regional al adoptar estas medidas era «la ejemplaridad del servicio público en la política».
Por todo ello, considera que «si a García-Page le quedara algo de dignidad política, se iría a su casa», si bien criticó que García-Page «atiende solamente la razón de vivir de la política, sin importar lo que piensen los ciudadanos o los tribunales».
