La Junta espera que su plan de ajustes sea validado por el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Castilla-La Mancha se mostró ayer confiado «en la constitucionalidad» de los artículos cuestionados en el auto del Tribunal Supremo en relación a la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales y confía en la «resolución favorable» por parte del Tribunal Constitucional (TC). El auto señala, según defiende la Junta, que «el Tribunal Supremo se declara incompetente para conocer la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los sindicatos y, por tanto, sin entrar en el fondo del asunto traslada el procedimiento al Tribunal Constitucional».

Así reaccionó ayer el Ejecutivo autonómico después de que el Tribunal Supremo haya dictado un auto en el que acuerda plantear al Tribunal Constitucional si tres artículos de la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2012 son inconstitucionales. En concreto, el auto se refiere a los artículos relacionados con el incremento de jornada a los funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por Incapacidad Temporal.

El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, afirmó que es «mínima» la importancia del auto del Tribunal Supremo que cuestiona el plan de ajuste aprobado por la Junta en 2012 porque no entra en el fondo del asunto y considera «malintencionado» sacar conclusiones. Esteban opinó que el pronunciamiento de este tribunal es «algo normal» en cualquier proceso, por lo que a su juicio «sacar conclusiones más allá» es «malintencionado y falso».

Además, el portavoz recordó que la Junta, «en multitud de ocasiones, en distintos tribunales», ya ha ganado sobre el fondo de este asunto, «la última por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha». Con ello, dijo que esperan «volver a ganar» porque tiene «la seguridad de que la medida es perfectamente legal» y, por ello, lamentó que «quienes mienten sobre lo que dice el auto fueron los mismos que no vieron una crisis económica y que hoy niegan la recuperación que se está dando».

Al igual que el consejero portavoz, la diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Carolina Agudo subrayó en rueda de prensa que el pronunciamiento del Supremo «no es una sentencia sino una consulta» al Tribunal Constitucional. Así, aseguró que el plan «ha ayudado a los castellano-manchegos a garantizar y a salvar los servicios sociales arruinados tras el paso de los gobiernos socialistas» y apuntó que el PSOE dejó una deuda de 12.000 millones de euros.

Sin embargo, en otra conferencia de prensa, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, advirtió de la herencia «en forma de pufo legal» para futuros gobiernos que dejará el actual Gobierno regional si se confirman las dudas sobre la legalidad judicial del plan de ajuste. «Va a ser una cuantía importantísima, un pufo, una herencia, una papeleta que va a dejar la presidenta de Castilla-La Mancha a los que vengamos después», afirmó Maestre, para quien el auto del Supremo «es la demostración de que se ha actuado no solo con odio y ensañamiento hacia los trabajadores públicos, sino con un tremenda irresponsabilidad en la gestión de lo público».

También analizaron el auto CCOO y UGT, sindicatos que recurrieron la ley que permitía aplicar el plan con el que el Gobierno regional pretendía hacer frente al elevado déficit de la comunidad. Por un lado, el coordinador del Sector Autonómico de la FSC de CCOO, Ramón González, opinó que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está «derrotado» y reclamó a la presidenta regional que «antes de irse», tras los comicios de mayo -auguró-, retire el plan de ajuste. Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, señaló que el auto «ratifica la crónica de una inconstitucionalidad anunciada».