Un juzgado da la razón al Sescam sobre el fin del convenio con el Tres Culturas
El juzgado contencioso-administrativo número dos de Toledo ha desestimado la demanda del Hospital Tres Culturas de Toledo por la que solicitaba al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que cumpliese el convenio firmado en 2008 para la vinculación parcial de este centro y la consiguiente asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Sescam, por entender que este convenio expiró en el año 2011.
La suspensión del convenio, según indicaron a Efe fuentes del Sescam, ha supuesto «una reducción del coste cercana a los 20 millones de euros», además de una gestión «más eficaz», se atiende la demanda en función de las necesidades y los pacientes «están siendo mejor atendidos».
Según informa Ep, Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, la empresa que gestiona el hospital, firmó un convenio con el Sescam el 19 de septiembre de 2008 para la vinculación parcial del Tres Culturas. Un convenio que, según la sentencia, ya no está en vigor porque expiró automáticamente tres años después, en 2011. A partir de entonces, la empresa del Tres Culturas argumentaba que el Sescam siguió derivando pacientes al hospital hasta abril de 2012, por lo que entiende que «había voluntad» de ambas partes de prorrogarlo. Sin embargo, el 27 de abril de 2012 el Sescam, sin previo aviso, dejó de remitir pacientes y personal sanitario al hospital. Asimismo, devolvió las facturas correspondientes a mayo de 2012 hasta agosto de 2013, según la empresa.
Desde Ibérica de Diagnóstico y Cirugía se afirma que existieron «conversaciones» entre ambas partes, lo cual acredita «voluntad» del Sescam por prorrogar el convenio. Sin embargo, la administración regional contesta que «dado que no hubo acuerdo de las partes ni informe favorable de la Comisión de Seguimiento, sin que la continuidad en la derivación de pacientes al Sescam pueda convalidar la falta de prórroga expresa del convenio, entendiendo por último que la actora ha contravenido la doctrina de los actos propios».
Con todo, el juez determina que «no se ha acreditado por ningún medio probatorio que existiera una voluntad expresa de las partes en la prórroga del convenio, ni tampoco existe el informe de la Comisión de Seguimiento». Y continúa: «para que hubiese procedido la prórroga del convenio las partes debían antes de finalizar su vigencia haber solicitado el informe de la Comisión de Seguimiento, constituida al efecto, y tras emitir informe favorable, haber expresado las partes su voluntad también favorable en la continuación o prorroga».
La 2º con menos privatización
Por otro lado, reconoce que «las partes reconocen que tras la finalización del convenio se continuó durante seis meses con contraprestaciones por ambas, pero dicha situación es una situación anómala e irregular, no sustentada en ningún convenio singular vigente». En definitiva, que el juzgado contencioso-administrativo desestima la demanda de la empresa y da la razón al Sescam porque aunque desde la administración regional se siguieran derivando pacientes durante seis meses, esto no supone «una prórroga tácita» del convenio. Contra la sentencia cabe recurso de apelación, que deberá interponerse por escrito ante el mismo juzgado en 15 días desde su notificación.
Esta sentencia ha coincidido casi en el tiempo con el informe sobre «La privatización sanitaria de las comunidades autónomas», que el 8 de abril hizo público la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). En él se exponía que Castilla-La Mancha, tras Extremadura, es la comunidad con menos privatización sanitaria.
En este sentido, la región obtenía 11 puntos sobre un máximo de 25 puntos posibles; muy lejos de los 23 de Madrid o los 22 de Cataluña, las comunidades con más privatización, y también por debajo de la media, que se sitúa en 15,64 puntos. Eso sí, el informe dice que en España «el gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3 por ciento en 2014 debido fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la sanidad pública». Y también apunta que el estudio está limitado por la «ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias» y porque los datos de la sanidad pública «están secuestrados».
Por otro lado hace unos días, concretamente el miércoles, los candidatos a la Junta de Castilla-La Mancha por Podemos, Ciudadanos, IU y UPyD y el portavoz de Sanidad del PSOE firmaron un pacto por la sanidad pública. Todos fueron invitados por la Plataforma de Toledo en Defensa de la Sanidad Pública, que excluyó al PP por su política «de destrucción y de engaño continuo» sobre la la sanidad pública.
El acuerdo incluye los compromisos de paralizar los recortes presupuestarios e incrementar el personal sanitario hasta los niveles de la anterior legislatura, implementar mecanismos de participación de sanitarios y usuarios, y retomar el proyecto del nuevo hospital de Toledo desde la gestión pública. El pacto encontró respuesta en María Dolores de Cospedal, presidenta regional, quien defendió su gestión porque «se ha hecho posible una sanidad pública sin fronteras interiores».
