Dos despachos recurren hoy el pliego de los servicios jurídicos del Ayuntamiento
Progestur y Qualitas dicen que está hecho a la medida del actual adjudicatario. Si no se anula, podrían acudir al contencioso
Progestur Consulting y Qualitas Abogados, dos despachos toledanos, presentan hoy un recurso de reposición para que se anule el pliego por el que el Ayuntamiento de Toledo saca a licitación los servicios jurídicos . El contrato es de un año y tiene un presupuesto máximo de 80.295,60 euros; 13.935,60 de ellos de IVA.
El plazo de presentación de ofertas acaba mañana. Sin embargo, ambos despachos pedirán al Ayuntamiento que dé marcha atrás y presente un nuevo pliego al entender que el actual está hecho a la medida del actual adjudicatario: De Lucas, Benítez y Martínez Abogados. De lo contrario, dicen, el siguiente paso sería acudir a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
La razón del porqué piden la anulación del pliego se encuentra en la claúsula «g», relativa a «solvencia y otra documentación complementaria». En ese apartado se expone que los despachos que presenten oferta deberán «al menos» acreditar una media de 20 procedimientos al año durante los últimos cinco en ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, o una media de 30 contratos al año durante los últimos cinco en municipios de entre 10.000 y 30.000 habitantes. O lo que es lo mismo: solo los despachos que llevan los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina cumplen estas condiciones en la provincia.
Claúsula novedosa
La cláusula es nueva respecto al anterior pliego y para Ángel Cervantes, titular de Progestur Consulting, supone «frenar la libre competencia, han estrangulado las vías de acceso». El matiz del «al menos» es importante: «No lo han metido como criterio de puntuación, sino como un requisito de admisibilidad, es decir, que si usted no cumple esta solvencia técnica, no puede competir».
«Ahora te dicen que para poderte presentar tienes que ser alto, guapo, medir 2,20 y ser de la raza aria. No soy adivino, pero ya le digo que el martes se van a presentar solos. No está hecho a la medida, sino lo siguiente», explica a ABC Ángel Cervantes, aludiendo así al citado despacho adjudicatario.
Enrique Burgos, socio de Qualitas Abogados, dice que los requisitos de solvencia técnica «no son acordes con la ley», ya que «se establece un diferente tratamiento dependiendo de quién sea el licitador». Y explica que mientras en los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes se habla de procedimientos, en los de entre 10.000 y 30.000 se habla de contratos.
«Eso va en contra de la propia Ley de Contratos, que impide fraccionar el objeto de los contratos. Un ejemplo: yo suscribo un contrato con un ayuntamiento y le gestiono todo tipo de asuntos, no por cada asunto tengo que hacer un contrato. Es una contradicción», añade Burgos. Por eso, lo que este despacho va a alegar es que «se incumple el principio de proporcionalidad».
Desde Qualitas incluso van más allá. Aseguran que, si en el momento que entró al Ayuntamiento toledano el actual adjudicatario se le hubieran exigido tales requisitos, «no podrían haber entrado porque no los cumplían».
Mínima experiencia
Preguntado el Ayuntamiento por estos dos recursos, responden que los recibirá y resolverá «conforme a derecho». Asimismo, recuerdan que para cualquier contrato público a las empresas se les exije un «mínimo de experiencia». Si a eso se le suma el contexto actual de crisis, comentan que los contratos públicos se han convertido en una «lucha encarnizada» en la que las empresas «están en su derecho» de presionar por lo que sea «más beneficioso para sus intereses». «La pelea hasta el final ahora es el pan nuestro de cada día», añaden.
