CSIF defiende las cuentas de su sindicato tras la denuncia de irregularidades en Toledo
El presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, Juan Pinilla, afirmó ayer que las acusaciones de los expresidentes provinciales del sindicato en Toledo contra la actual presidenta, María Ángeles Aguilar, son «falsas» y defendió que «todos los años se ha pasado una auditoría de cuentas externas». Pinilla se pronunció así en declaraciones a Efe después de que los expresidentes del sindicato CSIF en Toledo José Ramón Martín y Ricardo Martín hayan denunciado «presuntas irregularidades y presuntos hechos delictivos» cometidos por Aguilar y hayan exigido su dimisión de manera inmediata.
El responsable regional del sindicato explicó que la dirección investigará los hechos, aunque dijo que son «mentira», y se mostró «tranquilo» porque las cuentas están auditadas y «no se ha detectado ninguna incidencia».A su juicio, estas acusaciones surgen por la cercanía de las elecciones sindicales de personal laboral.
«Es falso seguro, son intereses electorales», insistió Pinilla, quien apuntó que ninguno de los denunciantes forma parte ya del sindicato.
En un comunicado, ambos exdirigentes del sindicato acusaron a Aguilar de falsificar a finales de 2013 firmas de varios liberados para «plasmarlas en dietas falsas» y adjudicarlas «sin conocimiento del interesado y, por su puesto, sin cobrarlas, a diversos liberados».
De esta forma, se generaba un falso gasto contable y se generaba «efectivo en b para usos que sólo ella conoce», lo que supone un delito de suplantación de identidad y de falsedad de documento, además de «una serie de presuntas irregularidades fiscales que escapan a la tributación». Criticaron también que la presidenta provincial «se presupuestaba a sí misma» en 2009 «la nada despreciable cantidad de 148.000 euros para gastos de prestaciones/colaboración en un presupuesto anual total de 470.236 euros».
Los denunciantes explican que la razón por la que han denunciado ahora estos hechos, ocurridos finales de 2013, obedece a «la dificultad probatoria existente en su día» y porque Aguilar, con conocimiento del responsable financiero y vicepresidente, Andrés Cobo, procedió «a la destrucción y modificación de documentos contables que configuraban pruebas concluyentes». «Incluso la misma señora Aguilar destruyó una de las dietas falsificadas delante de uno de los afectados por suplantación de identidad», dijo.
