El Ayuntamiento pone coto a los contenedores de ropa ilegales
El Ayuntamiento de Toledo ha puesto coto a los contenedores de ropa ilegales, después de que estos se hubieran convertido en un problema. Hace unos meses desde la adminstración se contabilizaron 85 en la ciudad y solo 18 tenían convenio, y este ya estaba «caducado» añadió ayer Gabriel González, concejal de Gestión de los Servicios.
Ahora el Ayuntamiento ha firmado un contrato de un año, con opción a otro más de prórroga, con la empresa madrileña East West Productos Textiles SL para que se encargue de gestionar los 25 nuevos contenedores de ropa y calzado usado que se distribuyen por los barrios.
El contrato le reportará al Ayuntamiento 50.000 euros anuales en concepto de ocupación de la vía pública y la empresa tiene la obligación de entregar 9.000 kilos al Consistorio para que la administración los dedique a fines sociales. Para dar el contexto adecuado a la información, hay que decir que en 2013 (último dato disponible) el Ayuntamiento recogió 44.000 kilos de ropa y calzado. Muy lejos, en cualquier caso, de los 158.000 kilos que se recogían en 2007.
Un proceso nada fácil
Según explicó González, el proceso de de eliminación de los contenedores ilegales no ha sido nada fácil. Hace año y medio, y a raíz de las quejas vecinales en las Juntas de Distrito, el Ayuntamiento hizo una primera «batida» para ver cuántos había. Al año siguiente se hizo otra ronda y resulta «que había el doble».
«Se ha pasado de una actividad sin fines de lucro a otra que sí lo es», dijo el concejal, quien reconoció que «alguien se estaba llevando un beneficio y, además, no estaba pagando por ocupar la vía pública». A ello se suma que la mayoría de contenedores no tenía referencias a las que el Ayuntamiento dirigirse: «no se ponía dirección, faltaba un número de teléfono...».
Total, que la empresa adjudicataria del contrato se comprometió a retirar los ilegales y a instalar los 25 nuevos, que llevan en las calles desde enero. Unos contenedores, precisó González, que no tienen nada que ver con los de Cáritas, pues en ellos el Ayuntamiento «no tiene competencias».
