Los farmacéuticos valoran la nueva ley por su mayor integración
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaba ayer, con los votos del Partido Popular, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de la región, que incluye un máximo de 1.900 habitantes para que pueda existir una oficina de farmacia en un núcleo de población a través de la única enmienda del Grupo Parlamentario del PP que llegó al debate en la cámara.
Según esta normativa recién aprobada, además, podrá establecerse una nueva oficina de farmacia siempre que el resto de población resultante de dividir los habitantes del núcleo de población por 1.900 supere los 1.600 habitantes, cifra que antes era de 1.500 habitantes.
Por contra, quedaron rechazadas las nueve enmiendas del PSOE, al oponerse a esta cifra máxima para establecer una oficina de farmacia, lo que a su juicio provocará carencias en núcleos poblaciones más dispersos, así como la ausencia del «farmacéutico titular» o la vuelta «al sistema de botiquines».
Desde el sector, la presidenta del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, Rosa López-Torres, valoraba su aprobación pues «supondrá una mayor integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario público».
En un comunicado, la titular del Consejo Regional de Colegios Farmacéuticos, que representa a los casi 2.700 profesionales que desempeñan su labor en la región, subrayó que «la dispersión geográfica de nuestro territorio hace que la atención que la administración sanitaria y los colegios de farmacéuticos presten a los farmacéuticos rurales sea prioritaria».
Se mostró convencida de que cualquier Gobierno «debe vigilar por la sostenibilidad de las oficinas de farmacia, a fin de que éstas puedan ofrecer mejor servicio a la comunidad en la que se ubican, lo que redunda en beneficio del paciente».
Agregó que «es imposible olvidar que las oficinas de farmacias son pequeñas empresas que crean puestos de trabajo de calidad en los territorios en los que se implantan, lo que sólo es posible si son económicamente viables». Elogió también otros aspectos recogidos en esta ley, como la presencia de farmacéuticos en el ámbito sociosanitario, como las residencias.
Por su parte, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, defendió que la nueva ley supone «el máximo reconocimiento» a la profesión farmacéutica y permite «dar un paso más en la protección de la farmacia rural». Indicó que el nuevo texto «completa la reforma de la prestación farmacéutica» realizada durante esta legislatura por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
La normativa, explicó, se fundamenta en el nuevo escenario de la farmacia rural, afectada por el incremento del número de oficinas, el descenso del número de pacientes y la disminución del gasto medio por receta, entre otras circunstancias.
El portavoz de Sanidad del PSOE en las Cortes, Fernando Mora, justificó su su negativa al proyecto de ley al considerar que no protege a las farmacias rurales, sino que al contrario, «aboca al cierre» al 25% de ellas.
