El Ayuntamiento se excusa ahora como una «víctima» del Catastro

El equipo de Gobierno echa balones fuera respecto a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que da la razón a dos dos propietarios toledanos que recurrieron la valoración catastral de sus terrenos al entender que se les tiene que cobrar como rústicos y no como urbanos.

Ayer el alcalde Emiliano García-Page primero dejó claro que el Catastro es un «órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y que, por tanto, «los que se deben preocupar por las sentencias son el Catastro y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro», según informó el Consistorio en un comunicado.

Además, el portavoz municipal Rafael Perezagua amenazó con llevar al Catastro a los tribunales «si hubiese consecuencias de alguna sentencia sobre liquidaciones que ha tramitado el Ayuntamiento y eso pudiese suponer alguna merma en la hacienda local». La razón es que «no podemos ser víctimas de una decisión administrativa cuya decisión la tiene el Catastro».

Para Page, esta situación «no es un problema de Toledo», ya que los recursos que se han presentado contra la valoración de terrenos no iban contra el Ayuntamiento, «que se limita a aplicar las fichas que establece el Catastro». Además, dijo Page, las denuncias y reclamaciones sobre este asunto son «mínimas» porque la mayoría de los propietarios no recurrieron la valoración que de sus tierras hizo el Catastro.

Respecto a las indemnizaciones millonarias que el Ayuntamiento toledano tendrá que abonar sin los tribunales siguen fallando a favor de los propietarios y en contra del Catastro por su valoración errónea, como así avisan el PP o la Plataforma de Afectados por el IBI, el alcalde calificó esta versión de «temeraria» y pidió «que nadie alarme» sobre la estabilidad financiera del Consistorio.

Por su parte, Perezagua insistió en que la última sentencia de la Audiencia Nacional no le ha llegado al Ayuntamiento por «no ser parte». Además, mostró dos documentos, uno de la Gerencia regional del Catastro y otro de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias, en los que se lee «que cuantos recursos se interpongan ante los ayuntamientos solicitando la anulación o devolución de las liquidaciones emitidas del IBI... deben ser desestimados por falta de competencia de las entidades locales para su resolución, al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes».

Por último, el portavoz pidió al actual Delegado del Gobierno, que ayer fue propuesto por el Comité Electoral Provincial del PP de Toledo candidato a la Alcaldía de la ciudad, «qué va a hacer con esta situación: ¿va a ir contra el Ayuntamiento o a favor de él? Dicho de otra manera: ¿A favor del interés general o a favor de intereses particulares?».