La Junta salda con 10 millones el Quixote Crea, un proyecto «inviable» del PSOE que costaba 35
El Juzgado de Instruccion número 4 de Toledo ha emitido un fallo en el que obliga a la Junta de Comunidades a pagar a la empresa adjudicataria del Quixote Crea 10,5 millones por desistir de su construcción y da por resuelto el contrato. Pero al mismo tiempo resulta curiosa su valoración negativa sobre la conveniencia de esta infraestructura proyectada en la época del gobierno socialista en la Junta, al considerar que «no queda clara la viabilidad económica del proyecto», que incluía un teatro-auditorio para 700 personas en la confluencia de las calles general Villalba y Duque de Lerma. Esta sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, es recurrible ante la Audiencia Provincial.
En concreto, el tribunal determina que la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) deberá pagar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cocheras Toledanas 10.375.623 euros por daños y perjuicios y otros 174.979 euros en concepto de intereses.
Sin embargo, este Centro Regional de Expresión Artística «Quixote Crea», que además del teatro-auditorio incluía salas polivalentes para exposiciones, salas de ensayo y talleres dedicados a la creación artística, partía con un presupuesto de ejecución de 35 millones de euros. Esta elevada inversión llevó al actual Gobierno regional del PP a paralizar la obra al inicio de la legislatura. Sin duda se consideraba un coste inasumible en plena crisis económica, «con los cajones llenos de facturas sin pagar», apuntan fuentes del gobierno autonómico.
Solución a un problema
Estas mismas fuentes apuntan que con la resolución judicial que obliga a abonar los diez millones de euros se ha solventado la deuda económica y se resuelve el caso, pero además queda de manifiesto la inviabilidad y no se tiene que atender la pretensión del contratista, que se aproximaba a los 40 millones de euros.
La sentencia especifica en los antecedentes de hecho que la empresa demandante pedía una indemnización de 18,9 millones de euros por daños y perjuicios. Igualmente, en los fundamentos jurídicos, el juez manifiesta que las partes se responsabilizan la una a la otra del no cumplimiento del contrato. Así, la empresa constructora dice que resolvió el contrato por los «continuos retrasos» en los pagos en las certificaciones de obra e incluso impago de dos certificaciones de obra. En cambio, la administración asegura que la empresa no ejecutó las obras en plazo y acusa a la constructora de modificar el proyecto sin autorización y, por lo tanto, de pretender cobrar obra no certificada.
También se determina que un testigo, «fundamental por su objetividad» declaró que «en el primer semestre de 2011 comenzaron los impagos, que había deudas y falta de liquidez, que empezaron a tener problemas de tesorería, y por ello tuvieron que hacer una selección de pagos, lo que evidencia un claro incumplimiento del contrato imputable a Gicaman».
Se especifica también en la sentencia que «este incumplimiento de contrato por la demandada -Gicaman- justificaría la suspensión de las obras por parte de la actora -la constructora-» pues considera que «hay dos certificaciones no pagadas y retrasos en el resto de certificaciones».
En total, el juez considera que Gicaman debe indemnizar a la empresa con la inversión realizada de 7,6 millones para construir el aparcamiento y otras dos certificaciones de obra no cobradas, por 1,1 millones y 148.069 euros, más intereses, que en total suman 10,5 millones.
En relación con el lucro cesante reclamado, afirma la sentencia que, «tras las explicaciones del perito no queda clara la viabilidad económica del proyecto, que podría funcionar, sí, pero también podría no hacerlo, dependiendo de múltiples vicisitudes».
Sin justificación económica
«Se plantean multitud de hipótesis y variables, hasta el punto de llegar a calcular el número de cafés que se podrían vender, pero no se aportan datos económicos reales y constatados, tales como futuros contratos para la explotación, ofertas recibidas, acuerdos empresariales frustrados o presupuestos, etcétera».
Pese a todo, hay que tener en cuenta que fue el actual Gobierno regional del PP el que a partir de junio de 2011 pagó por esta obra 7,1 millones de euros, mientras que el PSOE, impulsor de la idea, «no pagó ni un duro» de un proyecto de dudosa viabilidad.
También es de reseñar que durante un tiempo la Junta mantuvo contactos con empresas con el fin de encontrar una solución. Sin embargo, ninguna mostró el más mínimo interés en un centro de este tipo, más aun existiendo una competencia como el Palacio de Congresos y el Teatro de Rojas, además de otros espacios privados.
