Multas de hasta 100.000 euros por no tomar medidas para evitar el déficit
La futura Ley de Transparencia incluye un código ético y sanciones para los «malos gestores»
Para no incurrir en los mismos errores del anterior Gobierno socialista, que llevó a Castilla-La Mancha a una situación económica de quiebra y con un déficit desbocado, el Gobierno de Cospedal tiene ya ultimada la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, y que ayer fue tomada en consideración por el Consejo de Gobierno, para su posterior remisión al Consejo Consultivo y definitiva aprobación en las Cortes Regionales antes de que acabe el año, según predijo el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz regional, Leandro Esteban.
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De esta forma, las penalizaciones que se estipularán serán por omisión de la intervención previa de los gastos que sean abordados por el Gobierno, la no adopción de medidas para evitar el déficit, así como el incumplimiento en el no suministro de la información a la que están obligados los gestores públicos por razón de esta ley.
Hasta 100.000 euros
«Las conductas que han sido práctica habitual durante muchos años en nuestra tierra ahora tendrán desde amonestaciones hasta el cese de los responsables políticos», indicó Leandro Esteban, quien también anunció multas económicas que irán desde los 10.000 euros a los 100.000 euros por conductas muy graves.
También se cesará a los responsables públicos que se encuentren en una situación procesal que implique la apertura de juicio oral, siendo la primera norma autonómica que lo regulará.
Se trata de una ley que pretende modernizar la Administración autonómica y «hacerla más accesible a la sociedad».
«Vamos a hacer una Administración más transparente, que aporte a los ciudadanos la información necesaria y relevante desde el punto de vista jurídico y de las actuaciones personales de los gestores públicos de Castilla-La Mancha, para que los ciudadanos tengan claro qué es lo que se hace, cuándo se hace y qué dinero hay para llevar a cabo las medidas del Ejecutivo autonómico», indicó el consejero.
Además, otro objetivo que según el consejero persigue esta normativa es «crear la obligación de establecer un código ético para los gestores públicos de nuestra región, que introduzca pautas de conducta y de buen gobierno que erradiquen comportamientos que no tengan que ver con el recto ejercicio de la labor administrativa».
Según Esteban, l a normativa de Castilla-La Mancha va más allá de la ley de transparencia estatal, que prevé las infracciones y sanciones en materia de gestión económica y presupuestaria. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere regular del procedimiento y el concepto de alto cargo.
