IU insiste en que la modificación de la Ley del IVA no deja dudas
Si el curso pasado los toledanos, gracias a sus políticos, hicieron un máster con el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), en esta ocasión van camino del doctorado con la ORA (Ordenación Reguladora de Aparcamiento) y su posible gestión pública por parte de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda. Esta es la condición que ya en octubre le puso Izquierda Unida al Gobierno socialista si quería su apoyo en los Presupuestos y, tres meses después, estamos en las mismas.
El Gobierno municipal aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema y en IU le meten más presión, recordando la nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (28/2014), que precisamente ha entrado en vigor hace unos días, el 1 de enero.
Dicho texto legal, aseguran desde IU a ABC, viene a decir «que un medio propio (por ejemplo una mercantil) que tenga aquella consideración (en fines sociales recogidos en sus estatutos, como en el caso de la Empresa de la Vivienda) y sea propiedad en un más de un 50 por ciento de una administración (en nuestro caso es el cien por cien) no tiene que repercutir IVA cuando le preste servicios, siempre que sea por medio de una encomienda específica».
En otras palabras, la nueva ley ratifica la tesis que ha venido defendiendo IU al querer la gestión pública para la ORA: si el servicio lo pasa a gestionar la EMSV, esta no pagaría IVA, al contrario de lo que ocurre ahora.
Hace unos días, preguntado por la cuestión, el coordinador de IU en Toledo, Javier Mateo, revelaba que lo único que les dicen desde el Ayuntamiento es un: «Es que no lo vemos» (pasar a la gestión pública del servicio). Lo cual a la formación verde le parece un bochorno, que «tiene que ver con la desidia y la desgana del PSOE en los últimos tiempos», ya que desde octubre «han tenido tiempo más que suficiente para tener todos los informes del mundo».
Argumento del «miedo»
También hace unos días fue preguntado el alcalde Emiliano García-Page sobre qué decisión iba a tomar su Gobierno con esta propuesta de IU. Page se desmarcó diciendo, además de que seguían estudiando la propuesta, que el Ayuntamiento no iba a poner en peligro ningún puesto de trabajo. Esto a IU le parece una salida por peteneras y «jugar con el miedo» de los aproximadamente 70 trabajadores que en la actualidad tiene el servicio de la ORA.
A ellos se dirigió Mateo el otro día para asegurarles que, en el caso de pasar a la gestión pública, sus puestos estarían incluso más seguros, ya que pasarían a «depender del Ayuntamiento y no de los vaivenes de una empresa».
Y en el fondo del asunto subyace la idea de que el Gobierno municipal considere un mal menor tirar con los Presupuestos prorrogados hasta las elecciones. En este sentido, Gabriel González, concejal de Gestión de los Servicios, expresó el viernes: «Nuestra intención como Gobierno es aprobarlo, pero, como verán los ciudadanos todos los días, el tener prorrogado o el tener aprobado el Presupuesto no es una cuestión clave para el funcionamiento de la ciudad».
