Dan un mes de plazo para readmitir a 22 trabajadores del Hospital Provincial
Ante la nueva decisión judicial, CC.OO. ha pedido la dimisión de Arturo García-Tizón
El Juzgado de lo Social de Toledo ha rechazado las alegaciones presentadas por la Diputación de Toledo y le da un mes de plazo para readmitir a los 22 trabajadores del Hospital Provincial despedidos en el verano de 2012.
En su auto, según una nota remitida por CC.OO., el juez ha rechazado las alegaciones de la Diputación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que declaraba nulos los despidos y ordenaba la readmisión de los trabajadores. Además, ahora, el auto ha requerido a la Diputación a que «en el plazo de un mes proceda a la readmisión de los trabajadores» y, en el caso de no hacerlo, «el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuada para promoverla y activarla».
Ante esta nueva decisión judicial, CC.OO. ha pedido la dimisión del presidente de la institución provincial, Arturo García-Tizón, por «tratar de eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales y porque sus barrabasadas les van a costar a los toledanos más de un millón y medio de euros solamente en salarios».
El sindicato ha denunciado que, «para tratar de eludir el cumplimiento» de la sentencia del TSJCM, García Tizón «llegó a ofrecer a los 22 trabajadores una indemnización equivalente al despido improcedente, con el pretexto de que los puestos de trabajo que ocupaban han dejado de existir», al transferirse a la Junta el Hospital Nuestra Señora de la Misericordia y la Unidad de Conductas Adictivas antes dependientes de la Diputación.
En su auto, el juez ha rechazado esta posibilidad puesto que «la Diputación sigue prestando sus actividades con múltiples centros de trabajo, habiendo efectuado multitud de contrataciones en el periodo de tiempo transcurrido entre la efectividad del despido y la fecha de la presente comparencia». El sindicato ha denunciado las «las indefendibles artimañas jurídicas con las que García-Tizón ha pretendido burlar el cumplimiento de una sentencia».