La región tendrá el IRPF más bajo de España para rentas medias
Beneficiará a un millón de contribuyentes y tendrá un impacto de 200 millones de euros
Fue la propia presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, la que ayer defendió en la tribuna del salón de Plenos de las Cortes Regionales la rebaja de impuestos para el próximo año. Quiso así mostrar su agradecimiento a los ciudadanos «porque con su actitud hemos superado la quiebra del PSOE y hemos podido bajar los impuestos», aseguró.
«Con el esfuerzo de todos, nuestra región va a ser la comunidad autónoma de España en la que sus ciudadanos van a pagar menos en el tramo mínimo el tramo autonómico del IRPF; el impuesto que más se distribuye entre la población, especialmente entre rentas medias y bajas», aseguró la presidenta durante su intervención, quien insistió en que gracias al esfuerzo hecho por los ciudadanos en los últimos años, «en Castilla-La Mancha vamos a poder tratar a las familias de manera mucho más favorable, especialmente a las que tiene más dificultades».
Y todo ello, dijo la presidenta Cospedal, «después de haberse encontrado una región quebrada, en la que no se podían pagar los gastos de farmacia, porque no había dinero; donde había problemas para pagar la nómina de profesores y médicos; una región en la que había mucho que pagar a las residencias de la tercera edad y a los centros que acogen a dependientes y a discapacitados; y en la que se habían presupuestado 20 millones para atender a la dependencia, pese a que la inversión fue de 130 millones el primer año».
Sin embargo, pese a esa situación inicial, Cospedal destacó que «entre todos hemos sabido hacer lo que teníamos que hacer, estableciendo prioridades». «Así, hemos podido pagar medicamentos, salvar hospitales y abrir nuevos centros salud, trece quirófanos y nuevos colegios, además de salvar los que teníamos».
La presidenta instó al PSOE de Castilla-La Mancha a explicar a los ciudadanos por qué les quieren aplicar impuestos en el ámbito del medio ambiente y la energía cuando «aún no han explicado cómo es posible que ahora hayamos tenido que devolver 200 millones de euros del impuesto que establecieron y que luego se declaró ilegal». E insistió en que «ahora también hemos tenido que pagar todos, casi 80 millones de euros de IVA», que el anterior Gobierno no pagó.
«Cuando hablen de nuevos impuestos, deberían explicar a los ciudadanos en qué consisten y cómo hubieran arreglado el entuerto que dejaron de los que no pagaron y se declararon ilegales», insistió la presidenta regional.
Reforma «buena y justa»
Por su parte, el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, que intervino antes que la presidenta regional, destacó que la reforma tributaria es «buena y justa» y devuelve el esfuerzo de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha e impulsa la economía «en el momento adecuado».
«No es el momento de poner obstáculos», advirtió al PSOE, al considerar que ahora «hay que impulsar el crecimiento económico» porque la economía de Castilla-La Mancha está creciendo y «supera día a día las previsiones, mejor que la media nacional».
Destacó que el Gobierno de Cospedal ha sido capaz de reducir el déficit, rebajar el pago de intereses de la deuda, bajar los impuestos y gastar más en prestar servicios públicos, con un presupuesto para 2015 superior al de este año. «Y se hace con rigor y responsabilidad, manteniendo la estabilidad en las finanzas públicas».
En el transcurso del debate también se rechazaron las 274 enmiendas parciales que el PSOE mantuvo vivas para su debate en la cámara autonómica y que fueron defendidas por la diputada socialista Delfina Carrasco, quien aseguró que el objetivo de sus propuestas es «volver a recuperar los derechos perdidos en tres años de gobierno del PP y disminuir la presión fiscal que recae en todos los sectores, especialmente los más desfavorecidos», según informa Efe.
Carrasco calculó que, si se aplicaran sus propuestas, se recaudarían 120 millones de euros más y «lo más importante, no recaería sobre las rentas medias y bajas».
Concretó que, entre sus medidas, se plantea una revisión al alza del tipo impositivo para las rentas de más de 80.000 euros, lo que supondría recaudar 35 millones de euros más y «sin perjudicar a rentar medias y bajas», y que la exención para pagar el impuesto de patrimonio se reduzca de 700.000 a 500.000 euros, que se traduciría, según sus cálculos, en 15 millones de ingresos.
El PSOE también incluyó en sus enmiendas una batería de impuestos medioambientales que permitirían recaudar 47 millones de euros. Entre ellos, uno que grave el daño medioambiental del agua embalsada, otro sobre las bolsas de plástico de un solo uso o sobre el daño ambiental causado por el vallado de fincas forestales.
Estas enmiendas socialistas fueron rechazadas por el PP ya que, según el diputado del PP José Manuel Tortosa, el único objetivo de los socialistas es «intentar impedir bajar los impuestos» y, por ello, les ha conminado a que «cojan sus enmiendas, muchas de ellas presentadas por séptima vez, y lo que tienen que hacer es tirarlas a la basura».
Tortosa también preguntó al PSOE por el verdadero objetivo que persiguen al presentar estas enmiendas, pues puso en duda de que «sus verdaderas intenciones sean mejorar un texto de tan solo dos artículos, un texto de folio y medio, con 274 enmiendas que no sirven absolutamente para nada».
