El contrato de basuras de Toledo se modificó sin informes técnicos

El contrato de recogida de basuras que el Ayuntamiento de Toledo adjudicó en 2007 a la empresa Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros para financiar la candidatura del PP regional se modificó con un sobrecoste de 11,4 millones de euros sin que existiera ningún tipo de informe técnico, según declaró ayer como testigo el viceinterventor municipal, Francisco Javier Sánchez Rubio, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Según explicó, el contrato se suscribió sin el «preceptivo» informe de fiscalización de la Intervención del Ayuntamiento, que no se incorporó al expediente hasta 2008, cuando él mismo advirtió de que el anterior acuerdo era «nulo de pleno derecho». «Los expedientes de tramitación en todas las administraciones públicas, antes de adoptarse, deben siempre llevar los correspondientes informes preceptivos y, en este caso, también el de fiscalización», explicó Sánchez Rubio.

Según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), el nuevo contrato se aprobó «omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos», por lo que sería «nulo de pleno derecho». Las declaraciones del exalcalde José Manuel Molina y del actual, Emiliano garcía-Page, se recogen en páginas nacionales.