3.000 nuevas plazas para ayuda a domicilio
Se trata de permitir la acreditación profesional para la atención sociosanitaria de este colectivo
Reconocer las competencias profesionales adquiridas de las personas que se dedican a la atención sociosanitaria, además de agradecer su trabajo, muchas veces desconocido y poco valorado, es lo que pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha con la convocatoria de 3.000 nuevas plazas para acreditar la experiencia profesional en relación con la cualificación de Atención Sociosanitaria en el domicilio.
Se trata de mejorar la empleabilidad de las personas, facilitar la formación a lo largo de la vida y abrir la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad o un título de Formación Profesional, elevando el nivel de cualificación del sector, según indicó el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, que ayer dio cuenta de esta decisión tomada por el Consejo de Gobierno.
El presupuesto para esta convocatoria es de 600.000 euros y está dirigida a las personas que han obtenido su experiencia profesional en domicilios o viviendas de la región «para dar respuesta tanto a las necesidades de determinadas empresas y sectores profesionales como a las de colectivos con especiales dificultades de inserción o integración laboral», indicó Esteban.
Con esta medida que quiere elevar el nivel y la calidad de vida de las personas que perciben atención en el domicilio y promover la cohesión social y económica, además del fomento del autoempleo y la apuesta por el emprendimiento.
Plazas multiplicadas
El consejero portavoz recordó que estas 3.000 plazas se unen a otras anteriormente convocadas por el Gobierno regional. Así, en enero de 2011 convocó 750 plazas, que tuvieron que ser aumentadas y entre diciembre de 2011 y julio de 2012 se multiplicaron por cinco, llegando a las 3.626. En la segunda convocatoria se atendieron 2.000 solicitudes, por lo que en total son más de 8.600 personas las que van a recibir una nueva acreditación profesional que mejorará sus cualidades en la prestación de los servicios de ayuda a domicilio.
Especial incidencia tiene este sector en dos ámbitos, el medio rural «que es donde más se presta este tipo de ayudas», según el consejero; y en el de las mujeres, «porque son eminentemente las que prestan este tipo de ayuda».
Por ello, en los criterios de selección para la acreditación de la experiencia profesional se tendrá una especial consideración a la hora de baremar el acceso de mujeres que hayan sufrido violencia de género.
El consejero puso de manifiesto que esta medida es una muestra más de la firme garantía del Gobierno regional «por mantener unos servicios sociales de la mejor calidad, extendidos a todos los ciudadanos del territorio». Y recordó l Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el anuncio hecho por la presidenta Cospedal de destinar el uno por ciento del PIB regional a las personas con discapacidad.
Ley de Mediación
El Consejo de Gobierno también dio el visto bueno definitivo a la Ley de Mediación Social y Familiar, que aporta elementos novedosos a la hora de resolver conflictos, no solo familiares, también vecinales, educativos o inmobiliarios, como solución negociada muy ágil para evitar la pérdida de la vivienda a las familias más vulnerables.
Además, la nueva norma, que será remitida a las Cortes regionales para su entrada en vigor, que se estima podría ser en enero del próximo año, presente ayudar a resolver conflictos para evitar la violencia, el desapego emocional o la ruptura social o familiar.
«La mediación también es clave en el derecho penal juvenil, a la hora de solucionar una situación de violencia entre el menor y la víctima para reparar el daño causado», aseguraba Leandro Esteban, que recordó que la ley no sólo incluye la ruptura de pareja, sino también casos de conflicto en la relación familiar y desacuerdos en la atencíon de personas mayores o discapacitados.
El consejero indicó que el proyecto de Ley de Mediación Social y Familiar plantea nuevas herramientas e instrumentos técnicos para los Servicios Sociales públicos de Mediación, al tiempo que potencia la relación con las entidades de iniciativa social, por lo que es una norma que nace del consenso de todo un sector.
Resaltó que es fruto de la colaboración entre distintos departamento del Gobierno regional y diferente entidades de iniciativa social, contando con la participación de profesionales especializados en mediación como fiscales, procuradores, jueces, el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha , profesores de la UCLM, colegios profesionales de psicólogos, trabajadores sociales y educadores. La Ley consta de 40 artículos.
