Un millón de euros para ceder equipos informáticos a consistorios
La Diputación de Toledo ha aprobado el modelo de convenio que regirá la colaboración entre la institución y los ayuntamientos de la provincia para la cesión del uso de equipos informáticos para la mejora de los servicios de administración electrónica, fin al que se destinarán 950.000 euros.
De esta cantidad, 760.000 serán financiados con Fondos Feder y los 190.000 restantes por la corporación provincial toledana, según informó ayer en una nota.
El órgano de gobierno de la Diputación Provincial ha puesto en marcha el mecanismo legal para firmar los convenios con los ayuntamientos que lo soliciten para suministrarles equipos electrónicos proporcionados desde el Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dependiente del Área de Asuntos Generales y Empleo.
Esta propuesta es la consecuencia directa del acuerdo firmado el 9 de diciembre entre la Diputación provincial y la entidad pública Red.es, para la mejora de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local.
Fruto de aquel convenio, la entidad pública Red.es contrataría el suministro e instalación de una serie de equipos informáticos, propiedad de la Diputación, con destino a unos 120 ayuntamientos de la provincia de Toledo.
El modelo de convenio aprobado por la Junta de Gobierno establece que será la corporación la encargada de establecer las condiciones en que se ceda el uso de los equipos a cada uno de los ayuntamientos que soliciten contar con dichos equipos.
El origen de este acuerdo reside en el convencimiento de que, para consolidar la recuperación económica, es necesario el incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como instrumento imprescindible para la mejora de la calidad de los servicios prestados por las administraciones públicas a los ciudadanos, que demandan una mayor transparencia.
Según la Diputación, los equipos se cederán por un espacio de cinco años, asumiendo los ayuntamientos las obligaciones de su conservación, destinarlos a la administración electrónica y tramitación de procedimientos electrónicos y aprovechar todas las funcionalidades informáticas.
«Sin merma de la calidad»
Por su parte, cada consistorio deberá tener instalado, o hacerlo en su caso, una línea de datos de 10 Mbs/s con una dirección IP fija exclusiva para esta instalación, proporcionar el correcto suministro eléctrico para cada equipo y asegurar el acceso a la red de cada aparato.
Las mismas fuentes indicaron que el uso adecuado de estas tecnologías predice una evidente reducción del gasto público sin «merma de la calidad» y la universalidad de los servicios.
