El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del defensor del pueblo contra el «spam» electoral
Una norma de la nueva Ley de Protección de Datos permite a los partidos rastrear y recopilar datos personales sobre ideologías políticas de los ciudadanos
El pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado por unanimidad la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra el artículo de la nueva Ley de Protección de Datos que permite a los partidos rastrear datos personales sobre ideologías políticas de los ciudadanos .
Se trata del artículo 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LREG), que se incorporó en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre sobre la utilización de «medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales de los partidos políticos». Una norma que ha suscitado el recelo de las asociaciones y juristas de defensa de la privacidad al considerar que se legitima un «perfilado» ideológico de los ciudadanos.
En el recurso, el Defensor del Pueblo considera que el precepto impugnado vulnera los artículos 9.3, 16, 18.4, 23.1 y 53.1 de la Constitución. Con esta decisión, el TC ordena dar traslado de la demanda y demás actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular nuevas alegaciones.
La reforma de esta en materia de protección de datos comenzó su andadura en noviembre de 2017 con el PP en el Gobierno y en su redacción inicial no aparecía la polémica disposición final tercera. La medida se introdujo un año después, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez al frente, mediante una enmienda del PSOE que fue apoyada por todos los grupos del Congreso. En noviembre de 2018, la ley fue aprobada definitivamente en el Pleno del Senado, con el voto en contra de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu. Así, PSOE y PP rechazaron las enmiendas presentadas por Compromís, Ciudadanos, PDECat y Unidos Podemos.
«Tolerancia cero» para el regulador
Desde la Agencia de Protección de Datos (AEPD) han negado siempre la posibilidad de que los partidos puedan realizar un «perfilado» y «rastreo» ideológico de los españoles. El organismo, encargado de regular este ámbito, aplicará «tolerancia cero» en caso de saltarse la normativa, con lo que, teóricamente, los grupos únicamente podrán enviar «propaganda genérica» a través de las diferentes plataformas digitales.
En una circular publicada en el Boletín Oficial del Estado, el regulador español ha acotado las posibles acciones de las fuerzas políticas en este ámbito. El texto ha mantido en su artículo 5 que únicamente se podrán recopilar las opiniones políticas que hayan sido «libremente expresadas por ellas mismas» en el ejercicio de sus derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española.
En ningún caso -insiste la Agencia- podrán tratarse otro tipo de datos personales a partir de los que «aplicando tecnologías como las de tratamiento masivo de datos o las de inteligencia artificial se puede llegar a inferir la ideología política de una persona». Esto quiere decir que no se podrán utilizar herramientas de Big Data y modelos basados en Inteligencia Artificial para el procesamiento y análisis de los datos.
Según el texto, las únicas fuentes de las que se pueden obtener los datos personales sobre opiniones políticas son las páginas webs y otras fuentes que «sean de acceso público», entendiendo como tales aquellas cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, y «quedando excluidas las fuentes en las que el acceso esté restringido a un círculo determinado de personas».
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