Seis mil euros al mes en fármacos para seguir con vida: «Si el Gobierno no cubre mi terapia, moriré en un año»

A José Antonio Abella, médico rural jubilado de Segovia de 67 años, le diagnosticaron un cáncer de colon metastásico a finales de 2021. Al mazazo del diagnóstico se sumaron las peculiaridades del tumor que presentaba, altamente agresivo y con pocas posibilidades de tratamiento. Los oncólogos decidieron no esperar y a los pocos días de poner nombre y apellido a su enfermedad (cáncer colorrectal con una mutación V600E en el gen BRAF) José Antonio pasó por el quirófano. Era vísperas de Navidad.

Los cirujanos le extirparon el tumor y casi un tercio del hígado, órgano que había ya sido colononizado impíamente por células cancerosas. Probaron un primer tratamiento de rescate con tres fármacos (5-fluorouracilo, también conocido como 5-FU; oxaliplatino y bevacizumab) pero fracasó. Sus expectativas de seguir con vida se redujeron drásticamente y su única tabla de salvación era una nueva combinación de fármacos que mejoran la supervivencia (encorafenib+cetuximab).

Pese a haber sido aprobada por las agencias reguladoras y el Ministerio de Sanidad, esta opción terapéutica no está financiada por el sistema público de nuestro país. Sí está cubierta, sin embargo, en otros 14 países de nuestro entorno como Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda y Grecia. Al mismo tiempo que se abría una brecha de esperanza para su situación límite, caía sobre él una espada de Damocles, una sentencia de muerte que se ejecutaría en menos de ocho meses si no lograba financiar los 6.000 euros mensuales que cuesta el tratamiento.

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R. I.

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Su paga de jubilado, pese a ser la máxima, de 2.500 euros, apenas sufraga la mitad de la terapia. Debe también guardar dinero para mantener a su familia. «¿Quién puede añadir a sus gastos ordinarios del mes 6.000 euros más?», denuncia José Antonio en declaraciones a ABC. Por suerte, los ahorros acumulados en los 38 años que ejerció de médico de cabecera en Burgos, León y Segovia le han permitido disfrutar de esa prórroga vital.

«Me considero un privilegiado y tengo ahorros para ir tirando un año. Cuando pase ese tiempo tendré que decirle al oncólogo que hasta aquí hemos llegado. Si no me financian el tratamiento moriré», afirma Abella, que pide a las autoridades sanitarias «sensibilidad» con esta situación dramática en la que se encuentran también otros muchos afectados por este tipo de cáncer metastásico en España, entre un 6 y 8 por ciento de la población presenta esta mutación.

Según el último informe de inequidad sanitaria (2022), consultado por este diario, hay actualmente unos 523 pacientes en nuestro país en la misma situación que José Antonio, es decir, con una sentencia de muerte planeando sobre sus cabezas si no tienen viabilidad económica para costearse la terapia.

«Es muy cruel e injusto que haya personas condenadas a morir porque las autoridades sanitarias no han considerado prioritario financiar ese medicamento. Como jubilado me parece muy bien que un día a la semana el Estado me subvencione el cine, perocreo que antes hay otras prioridades», lamenta el médico jubilado que ha decidido 'dar la cara' ante los medios para aumentar la presión sobre los políticos por esta «injusticia». «Está claro que los políticos se mueven por otras prioridades», apunta Abella. Sabe de lo que habla.

Hace un mes llamó a la puerta del ministerio para notificarles la problemática y pedir una solución al problema y descubrió, según dice, «el cinismo y la hipocresía de los políticos». «Me contestaron con buenas palabras e intenciones, pero por error me incluyeron en el directorio interno al que habían estado reenviando mi correo para comentarlo y comprobé su doble cara», afirma indignado. «En sus correos advertían entre signos de exclamación de que yo era médico, escritor y que amenazaba con iniciar una campaña de denuncia en los medios», añade Abella. «Lo más grave del caso es que la terapia ha demostrado sobradamente su eficacia en estos casos extremos. No financiarla sabiendo que es inasumible su coste para los afectados es condenarlos a la muerte», arguye el facultativo.

El estudio Beacon CRC en cáncer metastásico colorrectal con el gen BRAF mutado arrojó una mediana de supervivencia general en estos pacientes de 8,4 meses, frente a los 5,4 meses del tratamiento estándar, y una media de 9,3 meses, frente a los 5,9 del que financian Sanidad y las comunidades autónomas, además de una mejora en la calidad de vida de los afectados. Estas cifras se optimizan notablemente, hasta alcanzar una supervivencia de varios años, si el estado previo de los pacientes es aceptable y si la medicación se complementa con otros tratamientos. Pese a la evidencia clínica, el ministerio mantiene, por ahora, su decisión de «no inclusión» del fármaco en la cartera pública.

La combinación de encorafenib y cetuximab cuenta con la aprobación de la FDA, el regulador estadounidense; de la Comisión Europea para los pacientes con cáncer colorrectal metastásico y mutación BRAF V600E que hayan recibido tratamiento previo, y de la Agencia del Medicamento Española (Aemps).

Decepcionado por la respuesta política, José Antonio, que lleva un año pagando la terapia, ha impulsado una recogida de firmas en las  redes (https://change.org/TratamientoCancerColon) con la que hasta la fecha ha logrado el apoyo de 69.145 firmas -más de 20.000 solo durante este jueves-. Es consciente de que está en tiempo de descuento y de que si no se aprueba la financiación de su tratamiento solo puede prorrogar su vida un año. «El Ministerio de Sanidad está condenando a muerte a centenares de pacientes», dice. Confía en que en esos doce meses de condena aplazada se apruebe la inclusión de su tratamiento en la cartera pública. Mientras, seguirá luchando y costeándolo. Lo hará, hasta que sus ahorros se lo permitan, porque sabe que es la única forma de aferrarse a la vida.