Los regantes avisan al Gobierno: «Si no podemos producir en la huerta de Europa, las frutas y verduras se encarecerán»
Los partidos de diferente signo político de Levante se unen contra el Ejecutivo para defender el trasvase del Tajo al Segura
Vuelve la 'guerra del agua' a meses de las próximas elecciones autonómicas y locales

En medio de un mar de pancartas que avisan de que recortar el trasvase del Tajo al Segura significa más paro en el Levante, ellos llevan una cita de Cicerón. «La agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y ... la ocupación más digna para todo hombre libre». Son tío y sobrina, más de 30 años de diferencia, él agricultor, ella estudiante. este miércoles decidieron ir juntos desde Torre-Pacheco (Murcia) hasta Madrid para protestar contra el Ministerio para la Transición Ecológica, porque tienen una preocupación común. «La mitad de mi familia vive de esto», dice Claudia Castillo. Su tío, Andrés Nieto, tiene claro que su trabajo «se va a pique» con la merma del agua llegada del Tajo. «No entendemos por qué, donde un uso más sofisticado se hace del agua, nos criminalizan», lamenta. Solo pide «sentido común» para solucionar el problema.
Los integrantes de esta familia apenas fueron dos de los 15.000 asistentes a la manifestación de este miércoles en la capital, según los organizadores, o 7.000, según la delegación de Gobierno. Los ánimos están caldeados entre los regantes del Levante. Apenas falta un último trámite para que el recorte del trasvase del Tajo sea irreversible y, con él, se complique la subsistencia de muchos negocios hortofrutícolas de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. A unos meses de las elecciones autonómicas, la situación unió a políticos de todos los partidos de las tres autonomías afectadas, pero no logró la presencia del presidente valenciano, Ximo Puig, a pesar de haber presentado alegaciones contra el plan el mismo lunes.
Los regantes de las tres autonomías se sienten incomprendidos. Luchan por su futuro, pero la decisión no afectará solo al Levante, dicen. «Si no podemos producir en la región de Murcia, el resto de España también se verá afectada por esas frutas y verduras que serán más caras», avisa Ginés Ángel García, de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Aje) de Murcia.
El plan hidrológico del Tajo incluye por primera vez el concepto de «caudal ecológico». Elevará de seis a siete metros cúbicos por segundo el caudal del río a su paso por Aranjuez, que serán 8 en 2026 y 8,6 en 2027. En cálculos de las comunidades afectadas, podría suponer una merma de 105 hectómetros cúbicos al año, casi la mitad de lo que transporta ahora.
El Gobierno apuesta por suplir el agua que deje de fluir a las tres autonomías con agua desalada, al menos cinco veces más cara que la que están utilizando hoy los agricultores, aseguran. «No solo habrá una subida de costes, sino que si no podemos producir, habrá que importar materias primas, frutas y verduras de otros países, por lo que no solo encarecerá el coste, sino también nuestra dependencia de terceros países», avisa García. Una enseñanza que va en contra de las lecciones que dejó la pandemia y de la deslocalización de la producción, avisan. «Esto es dramático. Toda España pierde con esto», opina otro agricultor de la región presente en la conversación.
De 0,11 a 1,3
Las quejas en contra del agua desalada fueron generalizadas porque ni con la subvención propuesta se solventa. «Sigue siendo carísimo. El agua del trasvase cuesta 0,11 euros y el agua desalada la estamos pagando a 0,6 con la subvención. Fíjese la diferencia. Sin subvención, la han dejado a 1,30. Eso es inviable, es lo que nos quieren cobrar. Es para prenderle fuego al ministerio», explica un agricultor de Orihuela (Alicante).
«Ya está bien de jugar con la gente», dijo el presidente del sindicato SCRATS, Lucas Jiménez, quien criticó duramente a Ribera por imponer un «recorte caprichoso» y pidió su dimisión. «El agua no es una batalla política, sino un asunto de Estado», aseguró. «Reconsidere su decisión sectaria».
Para el veterano Francisco Garre Lozano, presidente de la Comunidad de Regantes del Sagrado Corazón de Jesús 'La Baronesa', en Orihuela, «el problema es que esto se ha politizado». Ayer, de hecho, en la madrileña plaza San Juan de la Cruz, entremezclados entre empresarios, familiares y cuadrillas llegadas en autobús, se mostraron representantes políticos de todos los partidos de las regiones afectadas.
Allí acudieron el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), o el diputado de Compromís, Joan Baldoví, así como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Crespo. La mayor ausencia, la del presidente valenciano Ximo Puig (PSOE), que dejó la representación de su Gobierno en manos de la consejera de Agricultura, Isaura Navarro, de Compromís. Del PSOE valenciano, acudió un grupo de alcaldes y el portavoz de Agricultura del partido, Roger Llanes.
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Pese a las críticas, la vicepresidenta tercera replicó, desde el 'Spain Investors Day', que el Gobierno estaba obligado a fijar un caudal ecológico para el Tajo. Pese a ello, dijo, se optó por una fórmula progresiva, demostrando así una «enorme sensibilidad».
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