Las personas con TDAH no tendrán que acreditar un 33% de discapacidad para optar a becas educativas

El Tribunal Supremo considera que la acreditación de este trastorno es suficiente para este tipo de ayudas

Qué son las 'dificultades específicas de aprendizaje' que están detrás de la mayor parte del fracaso escolar

Imagen de archivo de un centro especializado en alumnos con TDAH y Dislexia Belén Díaz

M. Lozano

En España existen actualmente 415.000 niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y alrededor de 20.000 no podían aspirar a las becas formativas que convoca anualmente el Ministerio de Educación por no tener reconocido, al menos un 33% de discapacidad, explican desde la Federación de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH).

Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo da la razón a la federación establece que acreditar estre grado de discapacidad no será necesario.

De esta forma «el Ministerio de Educación deberá incluir en sus becas a quienes, con un trastorno del neurodesarrollo acreditado científicamente, encuentran dificultades económicas a su desarrollo humano y formativo», celebran desde la organización.

Tal como indica el alto tribunal «el TDAH, tal como se ha descrito sin que haya habido contradicción al respecto, puede considerarse comprendido en la letra A del apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 471/2021» relativo a las becas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta. Y es que, según la sentencia, queda reconocido que la acrefitación suficiente del TDAH «será la clave para obtenerlas».

5% de menores con TDAH

«El Supremo lo ha dejado claro: ha desestimado nuestros recursos porque considera que el TDAH, por sus necesidades y su sintomatología, ya está incluido en el primer punto del Real Decreto», explica Maite Urkizu, presidenta de FEAADAH.

En España la prevalencia del TDAH es de un 5% de la población infantil y adolescente y para la feredación, la exclusión de este colectivo en las becas que convoca anualmente el Ministerio de Educación es «una discriminación que deja en riesgo social, personal y educativo a los menores más desfavorecidos y que sin esta ayuda no podrán disponer de un refuerzo educativo».

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