Las personas con TDAH no tendrán que acreditar un 33% de discapacidad para optar a becas educativas
El Tribunal Supremo considera que la acreditación de este trastorno es suficiente para este tipo de ayudas
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En España existen actualmente 415.000 niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y alrededor de 20.000 no podían aspirar a las becas formativas que convoca anualmente el Ministerio de Educación por no tener reconocido, al menos un 33% de discapacidad, explican desde la Federación de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH).
Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo da la razón a la federación establece que acreditar estre grado de discapacidad no será necesario.
De esta forma «el Ministerio de Educación deberá incluir en sus becas a quienes, con un trastorno del neurodesarrollo acreditado científicamente, encuentran dificultades económicas a su desarrollo humano y formativo», celebran desde la organización.
El Tribunal Supremo ha determinado que las personas con TDAH no necesitan acreditar un 33% de discapacidad para poder optar a las becas educativas. 🧡📚
— Feaadah (@feaadah) March 13, 2023
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Tal como indica el alto tribunal «el TDAH, tal como se ha descrito sin que haya habido contradicción al respecto, puede considerarse comprendido en la letra A del apartado 1 del artículo 7 del Real Decreto 471/2021» relativo a las becas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta. Y es que, según la sentencia, queda reconocido que la acrefitación suficiente del TDAH «será la clave para obtenerlas».
5% de menores con TDAH
«El Supremo lo ha dejado claro: ha desestimado nuestros recursos porque considera que el TDAH, por sus necesidades y su sintomatología, ya está incluido en el primer punto del Real Decreto», explica Maite Urkizu, presidenta de FEAADAH.
En España la prevalencia del TDAH es de un 5% de la población infantil y adolescente y para la feredación, la exclusión de este colectivo en las becas que convoca anualmente el Ministerio de Educación es «una discriminación que deja en riesgo social, personal y educativo a los menores más desfavorecidos y que sin esta ayuda no podrán disponer de un refuerzo educativo».