Una mujer con síndrome de Down pierde su lucha para cambiar la ley del aborto en el Reino Unido

Sus reinvindicaciones no llegaron a buen puerto, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones desestimaron el caso, diciendo que la ley actual no interfiere con los derechos de las personas discapacitadas que están vivas.

«La corte reconoce que muchas personas con síndrome de Down y otras discapacidades se sentirán molestas y ofendidas por el hecho de que un diagnóstico de discapacidad grave durante el embarazo sea tratado por la ley como una justificación para la terminación, y que puedan considerarlo como que implica que sus propias vidas son de menor valor», señalaron los magistrados en su sentencia, pero «la percepción de que eso es lo que implica la ley no es suficiente por sí sola para dar lugar a una interferencia con los derechos del artículo 8 (a la vida privada y familiar, consagrados en la convención europea sobre derechos humanos)».

Crowter reaccionó, según recoge la prensa local, diciendo que el fallo la hace sentir «que no debería estar aquí. Que debería estar extinta. Sé que eso no es cierto, pero así es como me hace sentir», aseguró en declaraciones a la prensa frente a los Tribunales londinenses. «Me molesta mucho que los bebés con síndrome de Down puedan ser abortados hasta el nacimiento. Esto me dice que no soy valorada y que valgo mucho menos que una persona sin síndrome de Down», dijo, y añadió que «estoy molesta porque los jueces dicen que mis sentimientos no importan. Eso me hace sentir que no valgo tanto como una persona sin síndrome de Down». La legislación actual de Inglaterra, Gales y Escocia detalla que existe un límite de 24 semanas para el aborto libre, tiempo que se extiende hasta justo antes del nacimiento siempre que «exista un riesgo considerable de que, si el niño naciera, sufriera anomalías físicas o mentales que lo dejarían gravemente discapacitado», una puntualización que incluye el síndrome de Down.

La joven prometió que seguirá «luchando» y que llevará el caso al Tribunal Supremo, después de que su batalla empezara en julio de 2021, aunque un tribunal desestimó el caso tres meses después y fue entonces cuando decidió apelar. Uno de sus abogados, Paul Conrathe calificó la sentencia de «decepcionante y desconcertante», mientras que otro, Jason Coppell, indicó que la legislación »estereotipa la vida de una persona discapacitada o gravemente discapacitada, como la de una persona que no vale la pena que viva, y que ciertamente tiene menos valor que la vida de una persona sin discapacidad, lo que repercute en los sentimientos de autoestima y confianza en sí mismos de las personas discapacitadas».