El profesor 'anti adoctrinamiento' que ha vencido a la Generalitat: «No somos siervos del Govern»

Tras años de espera, en enero de 2022 -aunque hasta ahora el docente no la ha hecho pública en espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentó la Generalitat, aún pendiente-, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona falló a su favor. Entonces dejó sin efecto la sanción contra él interpuesta por las autoridades educativas y condenó a la Generalitat a asumir los costes del proceso. «Es una cantidad simbólica, pero para mí es una victoria que me haya dado la razón», apunta Oya.

En el fallo, al que ha tenido acceso ABC, el juez estima el recurso presentado por Oya contra la resolución por la que se le imponían tres sanciones por faltas graves: le acusaron, entre otras cosas, de «desatender el ejercicio de sus funciones docentes», «desacato a la autoridad» y de haber ocasionado «un daño moral» al director del instituto en el que trabajaba. La justicia «revoca» la resolución impugnada. El tribunal alega defectos de forma en la tramitación de la misma. En concreto, aduce que cuando debía aplicarse el expediente disciplinario éste «se encontraba caducado», dando así la razón a uno de los argumentos apuntados por el docente para declarar la nulidad del procedimiento. Oya pedía también que la sanción se levantara porque no se había respetado «el derecho de opción lingüística» al no concederle la tramitación del procedimiento en castellano, y protestaba también porque «la resolución sancionadora la había dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia». Por último, subrayaba el «carácter espurio del expediente, abierto con la clara finalidad de realizar una campaña de acoso contra un profesor por motivos ideológicos, plagado de irregularidades, falsedades documentales, denegación de pruebas, ataques al honor del profesor y prevaricación».

Sin embargo, el Juzgado no entra a valorar las cuestiones de fondo planteadas por Oya. Por esta razón, el afectado avanza a este diario que «estudia abrir nuevas vías» para que la Justicia se pronuncie sobre «el fondo del asunto». «Se me sancionó alegando cuestiones muy graves que impactaron sobre mi reputación profesional y mi honor y eso no puede quedar así», afirma.

La Generalitat recurrió la sentencia del Contencioso-Administrativo y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie al respecto. «He esperado a hacer público este último fallo porque esperaba a ver cómo se resolvía el recurso del Govern pero puede tardar aún mucho», señala el profesor. El Gobierno catalán admite en su recurso que «un estudio detallado de su tramitación permite concluir que el expediente está caducado» pero que en el procedimiento «se han cumplido las disposiciones legales en cuanto a suspensión y prórrogas». Por eso pide a la Justicia que revise el caso y entre, tal como pide también el profesor, en las cuestiones de base de la denuncia.

Francisco Oya se sintió perseguido desde el primer momento que empezó a impartir clases de Historia en el instituto Joan Boscà de Barcelona. Pero el acoso creció coincidiendo con la escalada de tensión política y social que vivió Cataluña desde el referéndum ilegal del 1-O. Mientras era profesor en segundo curso de Bachillerato fue objeto de escraches, insultos y pancartas tachándole de fascista, franquista y homófobo.

El motivo es que, según argumenta, «preocupado por la formación de mis alumnos», se atrevió a repartir un material complementario al manual oficial de Historia de España establecido por su departamento de ciencias sociales por su escasa parcialidad.

Tras meses de batalla administrativa, Oya optó por dirigir un escrito a la Fiscalía de Barcelona denunciando el presunto acoso ideológico y la persecución a su persona por parte del director del centro, algunos inspectores y un grupo de alumnos. En paralelo, denunció los mismos hechos por la vía de lo contencioso-administrativo, que ahora se ha pronunciado.

En mayo de 2020, la Fiscalía Provincial de Barcelona descartó abrir un procedimiento penal, aunque sí apreció «irregularidades» en el expediente abierto al profesor.