Bruselas pide endurecer las normas de calidad del aire y aguas para garantizar la «contaminación cero» en 2050
El Ejecutivo comunitario advierte de que la contaminación del aire es la mayor amenaza ambiental para la salud
La Comisión Europea ha aprobado una propuesta para endurecer las normas que preservan la calidad del aire y de las aguas superficiales teniendo en cuenta que un aire y agua limpios «son esenciales para la salud de las personas y los ecosistemas». Según las cifras que maneja desde hace años la propia Comisión, la contaminación del aire implicaría que cerca de 300.000 europeos mueren prematuramente cada año debido a ello. Con estas nuevas normas, esta cifra podría reducirse en un 75% en diez años. Además, la Comisión cree que la inversión necesaria para aplicar las nuevas reglas será rentable gracias a los beneficios en la salud, el ahorro de energía, la producción de alimentos, la industria y la biodiversidad.
El vicepresidente, Frans Timmermans, asegura que «nuestra salud depende de nuestro medio ambiente y un entorno insalubre tiene consecuencias directas y costosas para nuestra salud. Cada año, cientos de miles de europeos mueren prematuramente y muchos más sufren enfermedades cardíacas y pulmonares o cánceres provocados por la contaminación. Cuanto más esperemos para reducir esta contaminación, mayores serán los costos para la sociedad. Para 2050, queremos que nuestro medio ambiente esté libre de contaminantes nocivos».
La propuesta pretende revisar las Directivas de calidad del aire ambiental para imponer estándares de calidad del aire de la UE más alineados con las directrices de la Organización Mundial de la Salud en 2030 y alcanzar un objetivo de cero contaminación en 2050., según la Comisión, «de acuerdo con la evidencia científica más reciente, así como con los desarrollos sociales y tecnológicos». En este sentido se propone reducir a más de la mitad el valor límite anual de las partículas finas (PM2,5) consideradas ahora como el principal elemento contaminante.
La propuesta, que aún ha de ser debatida en el Parlamento y aprobada también por los gobiernos nacionales, dejará a cada país la capacidad de determinar las medidas específicas que tomarían para cumplir con los estándares. Al mismo tiempo, se considera que otras políticas comunitarias en campos como medio ambiente, energía, transporte, agricultura, han de alinearse en el mismo objetivo.
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Según el ejecutivo comunitario, la propuesta tendrá un coste estimado de menos de 6.000 millones de euros pero generará beneficios anuales brutos estimados entre 42 000 y 121 000 millones en 2030.
