Veinte científicos piden una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España

Entre los firmantes hay reconocidos especialistas en Epidemiología, Salud Pública, gestión sanitaria y virología. Entre ellos el exconsejero de Sanidad del País Vasco, Rafael Bengoa; la viróloga del CSIC, Margarita del Val, o el catedrático Ildefonso Hernández.

«Solicitamos una evaluación independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales, centrados en las actividades del Gobierno central y de los gobiernos de las diecisiete comunidades autónomas», escriben. Proponen revisar los sistemas de salud y asistencia social para preparar el país para nuevas oleadas de Covid-19 o futuras pandemias.

Se buscan errores, aunque en su carta avanzan también dónde hay que empezar a buscar. Pese a disculpar que el país partía de una situación desfavorable por el envejecimiento y la alta movilidad de la población, en su escrito son críticos con la falta de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Consideran que la reacción de todos fue «tardía» y critican la «poca dependencia del asesoramiento científico».

«Las posibles explicaciones apuntan a una falta de preparación para una pandemia (sistemas de vigilancia débiles, baja capacidad para pruebas de PCR y escasez de equipos de protección personal y de cuidados críticos...), una reacción tardía por parte de las autoridades centrales y regionales, procesos de toma de decisiones lentos, alta niveles de movilidad y migración de la población, falta de coordinación entre las autoridades centrales y regionales, poca dependencia del asesoramiento científico, envejecimiento de la población , la existencia de grupos vulnerables que experimentan desigualdades sociales y de salud, y falta de preparación en hogares de ancianos», escriben en la revista médica.

En la carta dirigida al director de The Lancet, no faltan tampoco las críticas a Ejecutivos anteriores y la falta de recursos destinados a Sanidad: "Todos estos problemas se exacerbaron por los efectos de una década de austeridad que había agotado la fuerza laboral de salud y reducido las capacidades de salud pública y del sistema de salud». Por eso, insisten en que además de evaluar la toma de decisiones, cómo fue el asesoramiento científico y la capacidad operativa de la gestión, «se tengan en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido para que España sea más vulnerable», escriben.

Si el Gobierno y las autonomías recogieran el guante y se realizara la evaluación, España se sumaría a Suecia, el primer país en anunciar que auditoría su gestión durante la mayor crisis sanitaria de la historia. También lo hará la Organización Mundial de la Sanidad (OMS), un organismo que no se ha librado de las críticas por su tardanza en decretar la pandemia, entre otras decisiones.

«No buscamos culpables ni queremos que se haga una utilización partidista de nuestra petición. Nuestro objetivo es evitar que se repitan errores. Estamos muy preocupados por la próxima oleada de la pandemia y se nos acaba el tiempo», explicó ayer a ABC la especialista en sistemas de salud Helena Legido-Quigley, quien junto a Alberto García-Basteiro ha liderado esta iniciativa.

En la carta también se insiste en esta misma idea: «Esta evaluación no debe concebirse como un instrumento para distribuir la culpa. Más bien, debe servir para identificar áreas en las que la salud pública y el sistema de salud y asistencia social deben mejorarse».

Legido-Quigley cree que la evaluación externa debería organizarse «lo más rápido posible», como un medio para aprender del pasado y prepararse para el futuro . No se trata de compararnos con otros países o exponer solo los datos, sino estudiarlos con el contexto social de cada país. «Lo primordial es mejorar nuestro sistema», insistió esta especialista que es profesora de la Universidad de Singapur y de la Escuela de Medicina Tropical de Londres.

Los médicos e investigadores que participan en la propuesta creen que la revisión debería examinar tres áreas: gobernanza y toma de decisiones, asesoramiento científico y técnico y capacidad operativa. Además, de tenerse en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han contribuido a que España sea más vulnerable, incluidas las crecientes desigualdades.

La evaluación, dicen, debe verse como una oportunidad para prevenir muertes prematuras «y construir un sistema de salud resiliente, con evidencia científica en su núcleo».

Lo que más preocupa a los veinte científicos que se han sumado a la inciativa es el liderazgo, la financiación en materia sanitaria, los sistemas de información de salud, la situación de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, así como el rol de la investigación científica. La epidemióloga Legido-Quigley no valora los expertos consultados por el Gobierno durante la crisis. Aunque cree que «la relación entre la evidencia científica y cómo ésta es utilizada por el Gobierno debería ser analizada para encontrar modelos más eficientes y más inclusivos que incorporen todas las áreas de conocimiento necesarias para afrontar una pandemia».