El Vaticano refuerza su agencia contra el blanqueo de capitales a raíz de los nuevos escándalos
Intenta «aprobar» la inspección de Moneyval aplazada a septiembre por la pandemia
La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano, encargada de la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, está llevando a cabo un refuerzo y una reorganización a la carrera para intentar «aprobar» la inspección a fondo que realizará Moneyval, según ha informado el organismo vaticano este viernes en la presentación de su memoria de 2019.
El nuevo presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Carmelo Barbagallo, ha anunciado que la inspección de Moneyval, la agencia contra delitos financieros del Consejo de Europa, dará comienzo el próximo 29 de septiembre, ya que la pandemia de coronavirus impidió iniciarla en abril.
Barbagallo ha confirmado que a su vez la AIF puso en marcha el pasado mes de mayo «la primera inspección general» del banco del Vaticano (IOR), cuya limpieza de delincuentes llevó a cabo la consultora Promontory International en los primeros años de pontificado del Papa Francisco.
En cuanto a datos numéricos, a lo largo de 2019, la AIF presentó 15 denuncias a los fiscales del Vaticano, un ligero aumento respecto a los dos años anteriores, y ha pedido datos sobre 413 personas que trabajan en el Vaticano o mantienen relaciones económicas, un fuerte aumento respecto a las 230 personas sobre las que se pidió información en 2018 o las 86 de 2017.
Protocolos de colaboración
Ha habido también un incremento en las solicitudes de información a las autoridades de información financiera de otros Estados, que ascendieron a 313, comparadas con las 231 de 2018 o las 88 de 2017.
A su vez, los movimientos declarados de dinero en contante por las puertas del Vaticano, han bajado ligeramente: tanto las entradas, unos 5,8 millones de euros; como las salidas, que ascienden a unos 15,8 millones.
La Agencia de Información Financiera (AIF) ha establecido protocolos de colaboración con la Secretaría de Estado, la Secretaría de Economía, la Fiscalía del Vaticano, la Gendarmería Vaticana y el Revisor General para establecer reglas de funcionamiento.
Se tratad de evitar choques como el del pasado uno de octubre de 2019 cuando la fiscalía del Vaticano llevó a cabo un registro sin precedentes en la Secretaría de Estado y en la sede del AIF para esclarecer los graves indicios de delito en la compra y administración de un inmueble de lujo en el número 60 de Sloane Avenue en Londres, por un total de casi 350 millones de euros de fondos reservados.
El registro de la sede de la AIF llevó a la suspensión de su entonces director, Tomasso Di Ruzza, pero, al mismo tiempo, provocó la exclusión del Vaticano del grupo de Egmont, el organismo que recoge datos de las agencias de información financiera de todo el mundo, el 13 de noviembre de 2019.
Información internacional
La cooperación se reanudó tan solo al cabo de dos meses y después de que el Vaticano diese garantías de que ni sus fiscales ni su Gendarmería volverán a poner las manos en el gigantesco depósito de información internacional saltando por encima de la propia AIF.
El refuerzo de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano, que cuenta con nuevo presidente desde el pasado mes de noviembre y nuevo director -el también italiano Giuseppe Schlitzer- desde el pasado mes de febrero es urgente a la vista del nivel de ilegalidad que todavía se mantiene en las finanzas del Vaticano.
El problema de fondo es que son absolutamente opacas desde 2015, cuando dejaron de publicarse los resultados del balance anual, que se limitaban a poquísimos datos en un par de folios. Ninguna organización estatal ni ninguna ONG actúa en ese secretismo absoluto, caldo de cultivo para la corrupción, como tampoco lo hacen las conferencias episcopales o las diócesis.
Aparte del caso del inmueble londinense, que ha llevado a la suspensión de cinco funcionarios y está en fase de instrucción en el Tribunal del Vaticano, el pasado 29 de junio, el Papa tuvo que nombrar un comisario extraordinario para supervisar los contratos de suministro y mantenimiento de la basílica de San Pedro, donde las adjudicaciones «a dedo» a los amigos y las corruptelas se habían vuelto moneda demasiado frecuente.
Registro
El registro de las oficinas de la Fábrica de San Pedro -nombre del organismo que gestiona el personal y el mantenimiento del mayor templo del mundo- realizado el pasado martes fue ordenado por los fiscales del Vaticano a raíz de una denuncia del Revisor General.
Los fiscales y gendarmes llevaron a cabo la «incautación de documentos y aparatos electrónicos en las oficinas técnicas y administrativas». El objetivo es que no haya «mercaderes en el templo».
La sucesión de escándalos e irregularidades en el banco del Vaticano, la Secretaría de Estado y ahora incluso la basílica de San Pedro, es muy poco edificante, por lo que la «operación limpieza» en la propia casa vuelve a ser una prioridad para el Papa.
Como la pandemia de coronavirus ha asestado un duro golpe a las diócesis y familias religiosas de casi todo el mundo, rebajando el flujo de donativos, la Santa Sede podría terminar 2020 con un déficit de 146 millones de euros.
A su vez, el Estado del Vaticano pasará a ser deficitario ya que los Museos Vaticanos han sufrido un cierre de tres meses por el coronavirus, apenas reciben visitantes ahora, y no podrán volver a las cifras anteriores en muchos años.
Noticias relacionadas
