Unos 3.000 médicos están pendientes de la homologación de su especialidad
El Gobierno abrirá un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para dar transparencia a la situación de los facultativos extracomunitarios
La polémica que se ha desatado, tras desvelar ABC que médicos extracomunitarios asisten a pacientes en quirófanos de centros hospitalarios de Castilla La Mancha y Andalucía, sin tener homologado el título de especialista, ha puesto al descubierto una presunta situación irregular en la contratación de facultativos.
A día de hoy, se conocen los casos de cuatro ginecólogas –tres venezolanas y una argentina– en el Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real); y de dos anestesistas venezolanas y un cirujano en el Hospital San Juan de la Cruz en Úbeda (Jaén). En Andalucía, el Gobierno ha reconocido la contratación de 60 médicos extracomunitarios , sin tener homologado el título de la especialidad.
Pero esta cifra puede ser muy superior , ya que el Ministerio de Sanidad tiene 2.500 expedientes pendientes de resolución, que han sido presentados por médicos que quieren que su especialidad sea homologada. Este es el último dato actualizado hasta el mes de marzo de 2017. Muchos de ellos podrían estar trabajando, contratados por las administraciones autonómicas, pero el Ministerio no sabe precisar cuántos podrían ser. La transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas implica que éstas pueden contratar facultativos, aunque siempre dentro de la legalidad.
Resueltos el 50%
El número total de expedientes de solicitud de homologación de la especialidad, en marzo de 2017, era de 5.200. De ellos, el 95% pertenecen a la profesión médica, el 4% a enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia y un 1% a otros. De los más de cinco mil expedientes presentados, el Ministerio de Sanidad ha resuelto 2.700, algo más del cincuenta por ciento. Pero solo el 25% de los expedientes resueltos han tenido un resultado positivo y los títulos se han homologado. Ello supone que 640 médicos pueden ejercer su especialidad de forma legal, de los más de cinco mil presentados.
No solo se desconoce cuántos de los 2.500 médicos cuyo expediente de homologación sigue pendiente de resolución están trabajando, sino también su distribución por comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad justifica esta falta de conocimiento a que «ellos solicitan el reconocimiento para trabajar en España como médicos especialitas, sin especificar el lugar dónde quieren trabajar». En este sentido, precisan que «el reconocimiento lo solicita el interesado, no cada comunidad autónoma».
Solo el 25% de los expedientes resueltos han tenido un resultado positivo y los títulos han sido homologados
El único caso conocido es el de Cataluña, que en 2008, y ante la necesidad imperiosa de contratar más médicos, la entonces consejera de Salud del PSC, Marina Geli, lanzó la propuesta de poner en marcha un plan para contratar, antes de 2012, unos 2.000 facultativos sin título homologado. Esta medida contó con la oposición del Colegio de Médicos de Barcelona y las denuncias de «irregularidades», por parte de CiU, que alertó sobre el «riesgo para la población».
Estos títulos se tramitan en la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, y bajo la cobertura legal del Real Decreto 459/2010. El reconocimiento del título de grado corresponde al Ministerio de Educación y el de especialista al de Sanidad.
La mayoría de los solicitantes proceden de países latinoamericanos y el principal problema que se encuentra el Gobierno es la forma en la que reciben la formación de la especialidad. En España en los hospitales y en estos países en la universidad.
El límite que establece el Real Decreto es la duración del tiempo de los programas de las especialidades, que debe ser igual o superior al que establece la Directiva de la Unión Europea. En un gran número de especialidades y de países, estos programas tienen una duración inferior a la normativa europea, que es la que se aplica en España, por lo que no es posible proceder al reconocimiento. Esta es una de las causas que explica que solo se hayan homologado un 25%.
A la vista de la falta de transparencia que existe en la actualidad para conocer la situación real de los médicos extracomunitarios en España, el Gobierno ha puesto en marcha un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. Actualmente se encuentra en fase de prueba y se espera que, en el segundo semestre de este año, esté «plenamente operativo», según fuentes gubernamentales.
El registro está ahora en fase de pueba y estará operativo en el primer semestre de este año
Este registro público recogerá todos los datos de estos facultativos y se podrá consultar su nombre y apellidos, titulaciones oficiales, centro o centros en los que trabaja, ya sean públicos o privados; así como su categoría y función principal en cada uno de ellos. Igualmente, serán públicos los diplomas de acreditación y acreditación avanzada, si los hubiere, y las fechas de obtención y revalidación de cada uno de ellos. Las fuentes gubernamentales consultadas subrayan que «al estar incluida la titulación y la especialidad, ante el hecho de que un médico no esté registrado como especialista, eso se podrá detectar».
«Colmo de los colmos»
La lentitud administrativa a la hora de homologar los títulos ha sido puesta de manifiesto por la Confederación Española de Sindicatos Médicos. El vicesecretario general de esta asociación, Gabriel del Pozo, asegura que esta demora no justifica la contratación irregular: «El problema de la tramitación es que se demora tres o cuatro años por un problema de falta de personal. Es verdad que hay que pedir información de las universidades de origen, los planes de estudio, pero eso no es un problema para que se les contrate ilegalmente».
Del Pozo califica de «insensatez» contratar a médicos sin la especialidad homologada. «En qué cabeza cabe que pueda entrar en un quirófano quién no tiene contrato, ni autorización por parte de la administración», se pregunta. El dirigente sindical advierte de que esta situación la han denunciado ante Sanidad, a la que pide que «tome cartas en este asunto». Además, insiste en que es «una ilegalidad trabajar sin el título homologado. Que la administración pública haga estos contratos es el colmo de los colmos».
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