Universidades hace indefinidos a 25.000 profesores que trabajan entre 3 y 6 horas por semana
El ministro, Joan Subirats, cede ante la presión de los rectores y quita poder a los estudiantes en la elaboración de las guías docentes
La medida costará 52 millones y forma parte de la ley orgánica que se aprobará previsiblemente el martes en Consejo de Ministros
Como ocurrió con la 'ley Celaá', para esta ley orgánica tampoco se pidió dictamen al Consejo de Estado
Subirats, el nuevo ministro de Universidades: «Voy a seguir adelante con la 'ley Castells'»
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El ministro de Universidades , Joan Subirats , dejó claro cuando cogió la cartera de manos del saliente, Manuel Castells , que seguiría adelante con la ley de su predecesor. Estaba el albaceteño escuchando y ese día todo eran elogios. Unos días después, ... en el primer encuentro con los periodistas Subirats reiteró que sí, que seguía adelante con la conocida como 'ley Castells', aprobada en primera vuelta en Consejo de Ministros pero que la haría suya. « Yo pediría a los actores presentes en el sistema que me permitan que haga un poco mía esta ley », dijo entonces.
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Aquella primera versión de la ley universitaria que borró de un plumazo al Rey de la expedición de títulos (algo que luego se tuvo que modificar) es ahora un texto nuevo. Una de las principales novedades de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que se aprobará previsiblemente el martes en Consejo de Ministros y a la que ha accedido ABC, es que convertirá en indefinidos a 25.000 profesores asociados . Esta medida forma parte de otra más grande: la de reducir del 40 al 8 por ciento el máximo de contratos temporales del personal docente e investigador que pueden estar vigentes en las universidades públicas. Otra novedad es que en el caso del puesto de rector, « con el objetivo de una mayor democratización », aseguran, se modifica el perfil de los candidatos y se fulmina la especificación de cuáles deben ser los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria, que pasarán a ser determinados por cada universidad.
5% de investigación
Esta norma obliga también a los campus a destinar un mínimo del 5% de su presupuesto a investigación y exigirán quienes quieran crear una nueva universidad privada un plan de viabilidad, de inversiones, de igualdad de género y protocolos contra el acoso, entre otros requisitos, que costarán, según cálculos del propio ministerio, más de 5 millones de euros .
También es la norma que cede a la presión de los rectores y le quita poder a los estudiantes en la elaboración de las guías docentes; la misma que da créditos a los alumnos por « su implicación en actividades universitarias » e introduce el paro académico como derecho de los estudiantes. Además, dota de mayor poder a las agencias de acreditación autonómicas en perjuicio de la nacional, la Aneca en la acreditación de profesores y exige a los profesores que vayan al extranjero para poder acreditarse sin aumentar un euro el gasto presupuestario para este fin.
Miles de asociados serán indefinidos
Los profesores asociados, tal como se desgrana en la norma, no viven (en teoría) de los ingresos que tienen en la universidad, es decir, tienen otras profesiones. Entran en esta modalidad aquellos « especialistas y profesionales de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad principal fuera del ámbito académico universitario cuando existan necesidades docentes específicas relacionadas con su ámbito profesional». Estos profesores no están contratados para investigar ni para hacer gestión, solo dan clases y, en la gran mayoría de los casos, no tienen tesis doctoral . Ahora serán indefinidos con dedicación a tiempo parcial. «A ver cómo hacemos asociados a un juez o a un directivo de una empresa que es para lo que se creó la figura. Lo que hacen es matar moscas a cañonazos », critica un rector que prefiere no desvelar su identidad.
«Gueto de mediocridad »
Este rector agrega que no 'casa' la figura del asociado indefinido con la ley de incompatibilidades, por lo que «se va a impedir a las universidades contratar a profesionales de reconocido prestigio, que es la esencia de los asociados». Y, lo que es peor, « supone crear un tapón con personas que no han desarrollado una carrera académica adecuada en contra de nuestros jóvenes investigadores y de la captación de talento». «Si una persona sin doctorado después de una década ocupa el sitio, no lo podrá hacer aquel contratado de programas de excelencia. Además, se establecen cupos para estos asociados. Al final, lo que crean es un gueto de mediocridad », sentencia este rector. En cualquier caso, reconoce la situación precaria de este colectivo que cobra muy mal y por eso, anima a que el asunto se resuelva «fuera de la ley orgánica».
«Lo que va a provocar esta medida es que a los que no son ya indefinidos los van a terminar echando; es un arma de doble filo», dice otro rector. «Creo que las universidades de Cataluña tienen un serio problema de precarización de contratos y nos meten a todos en este problema por su situación », se queja otro rector.
Por su parte, Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid ha señalado que, «en realidad, y aunque se acabe incluyendo en la LOSU, la estabilización de los asociados es una cuestión independiente, que se deriva de la necesidad de atajar el problema de la precariedad de las plantillas en el sector público. En general, algunos rectores pensamos que sería mejor dar soluciones distintas para los distintas situaciones en las que se encuentran los profesores asociados; nos preocupa la cantidad de litigios que pueda haber por despidos y dependemos de una mayor financiación para promocionar a los 'falsos asociados' a ayudantes doctores ».
Los estudiantes ya no tendrán participación «vinculante»
En la versión de la ley que Subirats entregó a la comunidad universitaria y a los medios el pasado 9 de mayo, el texto decía que «la participación vinculante del estudiantado deberá garantizarse en todo el proceso de creación de los planes de estudio y las guías docentes, así como en su proceso de implementación». La palabra «vinculante» dio lugar a un gran debate . De hecho, cuando este periódico le preguntó por la cuestión al ministro este le quitó peso y dijo que entender que «vinculante» es que los alumnos decidirán los exámenes « es una interpretación abusiva de la palabra vinculante ».
Sin embargo, los que sí se quedaron bastante preocupados fueron los rectores, que semanas después, en un reunión con el ministro pusieron sobre la mesa un documento confidencial de propuestas al que accedió este periódico y cuyo primer punto decía «Participación no vinculante estudiantado. Art. 6.2» . El texto fue elaborado por la Conferencia de Rectores (CRUE) y en la reunión Subirats «dijo que revisaría lo de la palabra vinculante; no tenía opción, estábamos todos los rectores haciendo presión », dijo uno de los presentes. ¿Resultado? Se quitó y ahora el redactado dice: «Deberá garantizarse la plena y efectiva participación del estudiantado en la elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes». Los alumnos publicaron un comunicado antes de conocerse este cambio que publica ABC en el que pedían « que su participación sea vinculante », dijo el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune).
El Ceune insistió «en la importancia de la gobernanza universitaria, reivindicando una presencia del 35% en los órganos de gobierno y en las elecciones para poder tener un peso real en la toma de decisiones». Sin embargo, esto tampoco se ha tenido en cuenta ya que el porcentaje que fija la norma es del 25%.
Rectores sin requisitos específicos
La norma dice que podrán ser candidatos a rector los funcionarios, doctores, de los cuerpos docentes universitarios, que deben reunir los méritos de investigación, docencia y experiencia de gestión universitaria que determinen los estatutos. La 'ley Castells', en cambio, establecía tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia, y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. El perfil de los potenciales candidatos se modifica con el objetivo de alcanzar «una mayor democratización del puesto», dice la memoria de la ley, a la que también ha accedido ABC.
Programación plurianual
Una de las innovaciones normativas es la programación plurianual. Dichas programaciones plurianuales ·se orientan a que las comunidades puedan aprobar instrumentos de programación y financiación que incluyan los objetivos a conseguir, los recursos necesarios para ello y los mecanismos de evaluación. En particular, la programación plurianual, que se sustentará en indicadores específicos, acordados, medibles y contrastables, deberá incluir tres ejes", dice la memoria.
El primero es la financiación estructural basal, que "deberá ser suficiente para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, de gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, de desarrollo de la actividad docente y formativa y la investigación estructural, incluyendo las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades", dice la norma.
El segundo corresponde a la financiación estructural por necesidades singulares, que "se establecerá para determinadas universidades en función de necesidades singulares como la insularidad, la dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros universitarios , el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, incluyendo las lenguas cooficiales , la existencia de infraestructuras singulares o el tamaño de las instituciones".
Y, por último, el tercero corresponde a la financiación por objetivos, que "se establecerá en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual. Dichos objetivos estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento , la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal".
Baja la temporalidad del 40 al 8 por ciento
Esta medida está relacionada con la de los asociados y ambas con la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales el año pasado. Si en la ley universitaria anterior (la LOU, de 2001) el tope estaba en un 40%, ahora pasa a un 8 el porcentaje de profesorado con contrato laboral tempora l . En este cálculo se quedan fuera los asociados de las Ciencias de la Salud «por su naturaleza específica y el profesorado ayudante doctor al ser esta última la categoría de entrada a la carrera universitaria. Tampoco se incluirá el profesorado asociado que tenga la condición de funcionario en cualquier administración pública fuera de la universidad». Para CC.OO, el anuncio «queda distorsionado al excluir del cómputo total a los de Ciencias de la Salud y al profesorado ayudante doctor, que representan el 19% del total». La reducción al 8% costará, según la memoria, 52,4 millones.
Guiño a los campus catalanes: desparece la figura del contratado doctor
La memoria de la norma señala que a diferencia de la ley anterior (LOU), «se establece en la LOSU una carrera académica más predecible con tres niveles de progresión, en lugar de los cuatro de la LOU: incorporación, consolidación y promoción . La figura de entrada a la carrera académica es la de profesor ayudante doctor, para la que se requiere el título de doctor y vía concurso, eliminándose el requisito de la acreditación. La consolidación se alcanza con una plaza de profesor titular , de carácter indefinido y también dedicación a tiempo completo, a la que se accede mediante concurso. La fase de promoción se obtendría con la figura de catedrático».
Así, desparece la figura del contratado doctor que estaba entre las dos primeras mencionadas. El Gobierno sustituye así a estos contratados doctores por los profesores permanentes laborales. Dentro de esta categoría habrá niveles profesionales equivalentes a los de profesor titular y catedrático (funcionarios). Esto se considera, según fuentes universitarias, «un guiño al sistema universitario catalán que ha eliminado a los profesores titulares y catedráticos funcionarios de la docencia catalana. Este es el peaje que tiene que pagar Subirats para que los grupos independentistas apoyen la LOSU », asegura.
Cinco millones de euros: requisitos para las privadas
La ley dice que las universidades privadas podrán ser «entidades con ánimo de lucro o de carácter social, incluidas las sociedades cooperativas. Su objeto social exclusivo será la educación superior y la investigación». Para crear universidades privadas es necesario, entre otros requisitos, un plan de viabilidad, un plan de inversiones, un plan de igualdad de género de política universitaria, un plan de igualdad de género de recursos humanos y un protocolo contra el acoso sexual , entre otros. Según la memoria, las nuevas obligaciones supondrán una inversión de 5.704,4 millones de euros.
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