Universidades confirma la exclusiva de ABC: becas para quienes cometan fraude y desprotección de los bienes de los campus

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Convivencia Universitaria

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha señalado que la norma busca «consagrar la irresponsabilidad de los alumnos al desvincular la concesión de una beca del esfuerzo»

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El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de Convivencia Universitario, cuyo borrador de anteproyecto fue adelantado el pasado sábado por ABC. En la rueda de prensa posterior a dicho Consejo no ha estado presente, sin embargo, el ministro de Universidades, Manuel Castells.

El contenido del texto, ya convertido en proyecto de ley al ser aprobado por el CM en segunda vuelta, no presenta cambios respecto al texto publicado por este periódico el pasado sábado y aprobado el pasado jueves en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Así, mantiene el apartado que señala que no se quitará la beca a aquellos alumnos que cometan fraude académico (por ejemplo, copiar, usar pinganillos...),que incumplan las normas de seguridad y salud de su centro o que impidan la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento, entre otras faltas.

Las faltas anteriormente señaladas se califican como «graves» y se añaden otras a las que se les imponen algunas sanciones, por ejemplo, la «pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante el curso o semestre académico en el que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera cometido». Ahora bien, en caso de aplicarse esta sanción, el ministerio ha añadido que « la pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de desarrollo » (cabe aclarar, en cualquier caso, que las sanciones las pone la universidad y las becas las concede el ministerio).

Por otro lado, el Ministerio de Universidades también mantiene, tal como publicó ABC el pasado domingo , una diferenciación entre las sanciones que se imponen p or producir daños al patrimonio histórico y cultural de la universidad o al patrimonio ‘a secas’ es decir, el restante .

Así, el nuevo texto señala que es una falta «muy grave» (el escalón más alto en las faltas) « destruir y deteriorar de manera irreparable o sustraer obras del patrimonio histórico y cultural de la universidad ». Mientras que el texto inicial no especificaba que tenía que tratarse solo del patrimonio histórico y cultural para entrar en falta «muy grave».

De esta forma, deja el resto del patrimonio universitario ‘desprotegido’ al entrar en la categoría de «falta grave» y, por tanto, con una sanción menor. Así, en el listado de faltas graves figura: « Deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad ».

«Contradicción con los principios democráticos»

Esta nueva norma deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente respecto del estu diantado, « en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual », señala el Ministerio de Universidades en una nota de prensa.

El texto, tal como adelantó ABC establece diferentes medios alternativos de solución de los conflictos, antes de aplicar el régimen disciplinario y que son: el mecanismo de mediación y el procedimiento de mediación

Además, establece que las universidades deben crear una Comisión de Convivencia «integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios elegidos por el Claustro a propuesta de cada uno de los sectores, garantizando el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres». Entre sus funciones, destaca promover el uso de la mediación para dar respuesta a los conflictos que pudieran plantearse.

¿Cuánto cuesta la norma?

La memoria del análisis del impacto normativo del anteproyecto, a la que también ha accedido este periódico, señala que el texto no supone ningún impacto a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, más adelante realiza una estimación lo que podría suponer la elaboración de una campaña de sensibilización (16.000 euros) , como la formación en mediación, en caso de que no se dispusiese de personal con dicha capacitación (1.150 euros), y la contratación de un apoyo administrativo para reforzar la asistencia de la Comisión de Convivencia si no fuera posible cubrirla con el personal actual (46.990,53 euros). En total, 64.140,53 euros .

«Más transigentes con los destrozos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes durante el acto de apertura del curso universitario en la Universidad Carlos III de Madrid, la nueva normativa busca « consagrar la irresponsabilidad de los alumnos al desvincular la concesión de una beca del esfuerzo , olvidando así que donde no se premia el esfuerzo se fomenta la desigualdad». Para Ayuso, «si los méritos académicos valen cada vez menos los que en la vida solo cuentan con su esfuerzo se verán olvidados a favor de los que tengan contactos o dinero».

La presidenta ha añadido que, además, «se fomenta la irresponsabilidad de los alumnos al ser más permisivos con la falta de honestidad, copiar, el plagio, alejan a los alumnos de ese afán de verdad y honestidad intelectual», se «menoscaba el papel de los rectores» y se « promueve la irresponsabilidad al ser más transigentes con los destrozos del patrimonio universitario, del mobiliario », y con «la libertad de los demás alumnos y el personal docente».

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