La universidad rectifica sus críticas al Gobierno por obligarles a pagar la Seguridad Social de los becarios
La CRUE se reúne con el Gobierno, tras criticar la falta de diálogo con la que se aprobó la norma que regula las prácticas de los universitarios
Los rectores de las universidades españoles han suavizado sus críticas al Gobierno sobre las medidas propuestas para la cotización laboral de los universitarios en prácticas . Tras reunirse con los ministerios de Ciencia y Trabajo, se muestran esperanzados en el desarrollo técnico del Real Decreto que traslada a las universidades la responsabilidad del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los universitarios que realicen prácticas, tanto las remuneradas como las que no lo son, en el caso de que los convenios así lo indiquen.
Las universidades, representadas por la CRUE , que, en un primer momento, advirtieron de que esta medida podría comprometer su situación financiera y el futuro de las prácticas obligatorias, han asegurado hoy en un comunicado que «comparte con el Gobierno el espíritu de la norma y considera muy positivos los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida hoy con los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social».
La CRUE denunció en su día la falta de diálogo con la que se había aprobado esta norma, ya que, en ningún caso, fueron consultados sobre esta medida, que les afecta gravemente .
Sin embargo, hoy aseguran entender «la intención del Gobierno de reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiante», señalando que es «muy positiva«. En este sentido, subrayan que comparten los objetivos generales de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto–ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Esta es la norma en la que el Ejecutivo ha introducido los cambios.
Abrir un diálogo
Además, se muestran satisfechos con el acuerdo alcanzado en la reunión para que la entrada en vigor de esta Disposición no se produzca antes del comienzo del curso académico 2019-2020. Igualmente, aplauden la decisión de abrir un diálogo muy esperanzador sobre el desarrollo técnico del Real Decreto–ley.
Finalmente, valoran «muy positivamente» la declaración expresa del Gobierno de trabajar para que los estudiantes g anen en derechos de protección social y para evitar que las universidades soporten gastos añadidos por la aplicación de esta normativa
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