La Unión Europea presenta las bases de su ambiciosa transformación verde

La Comisión Europea ha aprobado un mega paquete legislativo de una docena de instrumentos regulatorios destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en un 55 por ciento para 2030, un paso clave hacia el objetivo a largo plazo de volverse climáticamente neutro para mediados de siglo. Estas medidas pretenden tener un efecto global en toda la vida de los ciudadanos, aunque los sectores más afectados son el transporte de todo tipo y la energía doméstica que entrarán a formar parte del mecanismo de comercio de emisiones, es decir que obligarán a pagar por la contaminación que emiten. Los coches de motor de explosión ya no se podrán vender a partir de 2035 y el hidrógeno tendrá la consideración de energía renovable si procede de un combustible limpio. En cuanto a la biomasa, también se pretende separar la originada a base de residuos de la que usa madera de calidad, mientras que toda la fiscalidad de la energía será revisada, es decir que subirán los impuestos.

La propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada en los próximos meses por los Gobiernos nacionales y por el Parlamento Europeo. El vicepresidente de la Comisión que ha gestionado este paquete, Frans Timmermans, cree que la propuesta será aceptada por los colegisladores puesto que «la reducción de 55% en 2030 ya está aprobado por ley y hay que llevarla a cabo. El transporte no para de aumentar sus emisiones. Y si alguien tiene una propuesta mejor, estamos abiertos, pero por ahora no la hemos visto».

La Comisión es consciente de que cumplir el objetivo «afectará las opciones personales y las cuentas bancarias de los europeos de todas las clases. La UE exigirá cambios en todo, desde los automóviles que conduce la gente, hasta la forma en que calientan sus hogares, si podrán tomar un vuelo barato en vacaciones e incluso si sus trabajos actuales existirán en la nueva economía limpia y verde. Bruselas es muy consciente de que si se equivoca en el equilibrio, el resultado podría ser una reacción política en todo el continente.Medidas para reducción de las emisiones y de protección de la naturaleza, con los puestos de trabajo y los objetivos sociales en primer plano».

El hecho de que el comercio de emisiones se extienda al transporte en general, incluyendo la aviación, el transporte marítimo y la vivienda, parte de la base de que como ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, «la emisión de CO2 debe tener un precio» para alentar a la sociedad a transitar hacia las energías renovables.

La Comisión considera que aunque estas medidas son imprescindibles «cada transformación que se ha producido con éxito se ha hecho con un buen equilibrio social» y esta se hará «con prudencia» y con la ayuda de un fondo social de 2.000 millones para «conseguir que todos se puedan beneficiar de esta transición. Va a ser dificilísimo, pero no podemos abandonar a nuestros hijos y nietos a un futuro negro».