La Unión Europea se prepara para considerar verdes el gas y la energía nuclear

La Comisión Europea inició el último día del año 2021 las consultas con los expertos de los países miembros para elaborar el proyecto de acto delegado sobre el papel de la energía nuclear y el gas en el catálogo de la energía verde, lo que se conoce como «taxonomía verde» y que sirve para clasificar las fuentes de energía aceptables para el objetivo de la neutralidad climática en los próximos 30 años.

No es ningún secreto que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es de la opinión que tanto el gas como la energía nuclear «tienen un papel en la transición energética» y de hecho lo que se ha desvelado de esta propuesta de decisión es que se considerarán parte del catálogo de las energías verdes a las centrales nucleares que hayan recibido el permiso de construcción antes de 2045 o las de gas que se construyan antes de 3025, siempre que utilicen combustible re fuentes renovables o que posean una tecnología de bajas emisiones.

Según la Comisión, dado que los países miembros tienen estructuras energéticas muy diversas, la taxonomía pretende permitirles «avanzar hacia la neutralidad climática desde posiciones tan diferentes y teniendo en cuenta el asesoramiento científico y el progreso tecnológico actual, así como los diferentes desafíos de transición energética». Y en este punto, el ejecutivo comunitario sostiene que «el gas natural y la energía nuclear tienen un papel como medio para facilitar la transición hacia un futuro predominantemente basado en energías renovables» lo que significará que pretende «clasificar estas fuentes de energía en condiciones claras y estrictas como parte de la transición a la neutralidad climática».

Esta decisión, asegura Bruselas, acelerará la eliminación de fuentes más nocivas, como el carbón, y «empezar la transición hacia una combinación de energías más verde y bajas en carbono mientras que los criterios sobre el gas y las nucleares se actualizarán a medida que evolucione la tecnología».

Al tratarse de un tema tan extremadamente sensible, la Comisión afirma que obrará de la manera más transparente posible y se propone cambiar la legislación para que los inversores puedan tener acceso a los detalles de su decisión.

Los expertos de los países miembros tendrán hasta el día 12 para aportar sus contribuciones y después la Comisión tomará su decisión antes del final de este mes de enero. El Parlamento Europeo y el Consejo (los países) tendrán cuatro meses para decidir si se oponen, pero no podrán cambiar el contenido de la decisión . Aunque las posiciones son muy diferentes entre los países, existen pocas posibilidades de que se forme una mayoría cualificada reforzada inversa que necesita al menos el 72 por ciento de los países (es decir, al menos 20) y que representen al menos el 65 por ciento de la población. El Parlamento se puede oponer por mayoría simple.