Unidas Podemos presenta su propuesta no de ley para acabar con las mutualidades
Entra dentro del acuerdo del Gobierno alcanzado con el PSOE y se aplicaría a los funcionarios de próximas incorporaciones
Una vez superada la peor parte de la pandemia de coronavirus, el Gobierno está centrándose en avanzar con los contenidos del acuerdo que aupó a PSOE y Podemos a la Moncloa. Uno de los próximos proyectos puestos en marcha tiene que ver con el mutualismo administrativo en el régimen general del Sistema Nacional de Salud. El grupo parlamentario Unidas Podemos en el Congreso ha presentado su Proposición no de ley para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Entre los idearios del partido dirigido por Ione Belarra, Unidas Podemos apuesta por fortalecer el sistema público de sanidad y prescindir también de las mutualidades, que, en su opinión y tal y como han reiterado públicamente, generan desigualdad entre la población. La mayor parte de las mutualidades es de Muface, que atiende a 1.473.641 personas. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas atiende a 592.106 y la Mutualidad General Judicial (Mugeju) hace lo propio con 91.714 personas. Sin embargo, la propuesta asume que para avanzar «en la cohesión, equidad, organización unificada y gestión pública directa del sistema sanitario», sean las «nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo» las que se incluyan «en el régimen general del Sistema Nacional de Salud».
La propuesta ha sido recibida con el total rechazo por parte del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad que agrupa a las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas en España. Según un informe específico publicado por la Fundación, el mutualismo del que se benefician los funcionarios del Estado ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año.
Por otra parte, como refleja el mencionado informe, el coste final de la atención a los mutualistas para el Estado ante una hipotética desaparición del modelo de mutualidades sería de entre 2.950 a 3.030 millones de euros (frente a los 2.230 actuales), sin tener en cuenta las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia a los cerca de 1,8 millones de asegurados mutualistas .
Paralelamente, es necesario, inciden, tener en cuenta la accesibilidad a la asistencia sanitaria, que ahora existe y que se vería afectada de forma importante, dado que la inexistencia de mutualistas en determinadas zonas motivaría la disminución drástica del número de asegurados y ello repercutiría en la red asistencial , abocando a l cierre a una treintena de centros asistenciales privados , lo cual podría provocar a su vez desigualdades en el acceso a la prestación sanitaria.
A estas repercusiones se une, a nivel social, la pérdida de cerca de 39.000 empleos y, en el ámbito asistencial, el aumento de las listas de espera de consultas externas (el análisis calcula un incremento de 88 a 122 días), del tiempo de espera quirúrgica, que se multiplicaría por 5 de la ocupación hospitalaria, y de los índices de ocupación hospitalaria, pudiendo pasar del 83% al 98%, según concluye el propio informe.
El impacto que tendría sobre las compañías aseguradoras y sobre los grupos hospitalarios privados un cambio de modelo dirigido a la paulatina desaparición del mismo provocaría una reducción de actividad y generaría entre 30 y 33 millones de euros menos de recaudación en concepto de Impuesto de Sociedades .
Desde el Instituto defienden que, por una parte, el sistema de mutualidades mantiene los hospitales privados en provincias donde los hospitales son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema.
