Todos los reveses que está recibiendo Irene Montero por sus proyectos
Su socio de Gobierno se ha convertido en su principal oposición, y la Justicia ha tenido que invalidar algunos de los concursos convocados por su Ministerio por considerar que fomentan la desigualdad
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que critica los puntos clave de la ley del 'solo sí es sí', según ha informado el propio órgano. El informe critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
Así, los magistrados no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción. De hecho, la consideran «innecesaria» porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente «ya se asienta sobre la idea de consentimiento», aunque no incluya una definición del concepto.
Además, cree que el consentimiento plantea una «problemática probatoria» (cuándo existe o no consentimiento), y que las eventuales dificultades procesales para acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad con la incorporación de una definición normativa de un elemento típico.
Freno del PSOE a sus políticas
Este no es el único revés al que se enfrenta Irene Montero, que está viendo también dificultades para sacar adelante su 'Ley Trans'. Catedráticos de derecho como su compañera de coalición de Gobierno, Carmen Calvo, han mostrado públicamente sus reticencias jurídicas ante una ley que, según cuentan, tiene difícil encaje jurídico.
Este mes se han intensificado los ataques dirigidos por Podemos contra el PSOE, concretamente, por lo que dicen es un freno de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la llegada de la 'ley Trans' a Moncloa. El departamento de Igualdad ha lanzado acusaciones muy gruesas a los socios del Gobierno de coalición por detener este proyecto estrella que la ministra Montero pretendía presentar en vísperas del 8-M de 2021.
El debate fue escalando en la cruzada de dardos y en las críticas por filtraciones. Las diferencias que se han evidenciado en los últimos meses sube de grados, ya que el Ministerio de Igualdad acusó a los socialistas de bloquear la aprobación del anteproyecto . Moncloa respondió responsabilizando a los morados de alterar la tramitación normal de la norma con la filtración del borrador de un texto que solo contiene las aspiraciones de la formación morada, y fijando «fechas topes de forma unilateral, que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos de la ley». La vicepresidenta Calvo insiste en que son los ministerios de Justicia y Sanidad, en manos de socialistas, los que deben depurar ahora la propuesta de la norma y que no se está frenando la ley arbitrariamente, sino en busca de su mejora y encaje jurídico adecuado.
Sin embargo, fuentes de Igualdad han denunciado que la Comisión de Subsecretarios que encabeza la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que se encarga de decidir qué iniciativas están listas para pasar al Consejo, ya ha descartado esta opción.
Fomentar la desigualdad
El Ministerio de Igualdad recibió otro revés judicial en noviembre y tuvo que dar marcha atrás a un contrato público para cubrir los servicios del 016 porque vulneraba directamente el principio de igualdad de género.
Una de las empresas concurrentes al concurso -Innova- denunció el pasado mes de mayo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que en los pliegos existía una discriminación por razón de género, ya que se exigía que el personal adscrito fueran mujeres y no varones. Desde Igualdad aseguraron que el servicio del 016 es el de atención integral a víctimas de violencia de género, que según todos los expertos es recomendable que sean atendidas por mujeres especializadas en esta materia. Por esa razón se promovía además una mejora del convenio colectivo, que pasaría de ser un teléfono centralita a uno de intervención social, así como la ampliación del servicio a todas las víctimas de violencia machista, incluyendo entre otras a las de acoso o agresiones sexuales.
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