El senador de UPN, Alberto Catalán, veta en la Cámara Alta la «ley Celaá»
Catalán destaca que el proyecto de ley del PSOE y Unidas Podemos incumple el mandato constitucional de salvaguardar el derecho de las familias a «elegir la educación que quieren para sus hijos y a que sean educados en las creencias morales y religiosas que consideren adecuadas».
El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Alberto Catalán ha presentado en la Cámara Alta un veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, más conocida como «ley Celaá», una iniciativa que califica de « partidista y sectaria » y que, en su opinión, en nada avanza hacia un Pacto por la Educación que luche contra el abandono escolar, proporcione la financiación necesaria y garantice la igualdad de oportunidades , sino todo lo contrario.
En primer lugar, Catalán destaca que el proyecto de ley del PSOE y Unidas Podemos incumple el mandato constitucional de salvaguardar el derecho de las familias a « elegir la educación que quieren para sus hijos y a que sean educados en las creencias morales y religiosas que consideren adecuadas».
Además, subraya, «no ampara a la comunidad educativa, especialmente familias y profesorado, frente a las decisiones sectarias de las comunidades autónomas regidas por nacionalistas», en referencia a la enmienda aprobada en el Congreso de los Diputados que, « como consecuencia de las cesiones al independentismo », elimina el castellano como lengua vehicular, pero también a la falta de medidas que impidan el « adoctrinamiento de los escolares », como el uso de libros de texto que «no respetan los currículos oficiales y que, incluso, llegan a vulnerar la realidad institucional«.
Por otra parte, considera que la norma tampoco contiene medidas encaminadas a reforzar las necesidades específicas de apoyo educativo en muchos centros, especialmente aquellos que escolarizan un mayor número de alumnos de origen extranjero con necesidades específicas de apoyo educativo.
A este respecto, Alberto Catalán, señala que en Navarra «el 66% de los alumnos con necesidades específicas de apoyo escolar están escolarizados en los centros públicos de castellano, el 21% en centros concertados en la misma lengua, el 12% en públicos que utilizan el euskera y un número insignificante en los concertados en euskera ».
El senador navarro califica de «auténtico despropósito» las medidas que el proyecto de ley contiene en lo referente a la educación especial, ya que «lejos de reconocer el esfuerzo y trabajo realizado por los profesionales, los pone en el objetivo de su desaparición con la excusa, mal entendida en este caso, de la inclusión». Una situación que ha provocado « inquietud, preocupación y enfado » tanto en la comunidad educativa como en los padres afectados.
Especialmente crítico se muestra con la posibilidad que ofrece la ley de promocionar con suspensos, una estrategia con la que «se pretende engañar las cifras pero, en ningún caso, la realidad» y que « servirá de muy poco para afrontar los malos resultados del sistema educativo español en relación con los de otros países del mundo».
En lo relativo a la educación de lenguas extranjeras y la Formación Profesional, censura que la norma no recoja nuevas aportaciones en el primer caso y que « deje fuera a muchos profesionales técnicos » en el segundo.
Ni la comparecencia de la ministra
Por último, Catalán Higueras considera que la tramitación de la ley en el Senado se ha realizado de forma « atropellada », y denuncia que la Cámara Alta haya rechazado la propuesta de diferentes formaciones, entre ellas UPN, de habilitar el mes de enero para celebrar comparecencias de representantes de la comunidad educativa, responsables de consejerías y expertos con el fin de mejorar en lo posible su articulado. « La opacidad ha llegado a tal extremo –explica– que se ha impedido, incluso, la comparecencia de la ministra de Educación y Formación Profesional ».
En definitiva, para el senador de UPN se trata de una ley «no participada ni consensuada con toda la comunidad educativa, una ley sectaria que pretende imponer unos postulados ideológicos sin tener en cuenta los derechos de una buena parte de la sociedad española», perdiéndose, una vez más, »una magnífica oportunidad para abordar una cuestión tan importante como es la educación desde el acuerdo y el consenso, alejados del sectarismo que viene caracterizando la aprobación de estas normas de manera unilateral por el ejecutivo de turno».
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