Las nuevas normativas sobre residuos costarán 7.000 millones de euros al sector alimentario

Reducir a la mitad las botellas de plástico de un solo uso, cambiar el proceso industrial para producir envases o introducir un nuevo impuesto al vertido tendrá un fuerte impacto económico. España se encuentra en la recta final para adoptar dos nuevas normativas sobre residuos y plásticos , y los costes para la industria de alimentación y bebidas serán de unos 7.050 millones de euros , según un nuevo estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI). El informe prevé el cierre de hasta 2.400 compañías y la pérdida de 26.500 empleos.

La nueva ley de residuos (actualmente en negociación en el Senado) y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases (en tramitación) llegan «en el peor momento» , ha dicho este miércoles Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). La inflación, el precio de la electricidad y la guerra de Ucrania amenazan la recuperación económica tras el coronavirus y vaticinan repercusiones aún por llegar. «Continuar con una agenda legislativa como si no pasara nada y todo estuviera bien, con un impacto en los costes de las empresas y en el empleo creo que no es el momento y no toca », ha señalado García de Quevedo.

El informe encargado a Afi desglosa los dos proyectos normativos . La ley de residuos, a través de la responsabilidad ampliada del productor y del impuesto al plástico no reutilizable, supondrá un aumento de 780 millones de euros de costes para las empresas del sector, que repercutirán en el margen de beneficio de las empresas, ha explicado Diego Vizcaino, socio de Afi.

El impacto del real decreto será aún más abultado, ya que supondrá costes adicionales de 6.270 millones de euros. Esto se debe a los nuevos requisitos para la fabricación de envases reutilizables, que obligan a cambiar los procesos productivos de las empresas, y por la reducción a la mitad de las botellas de plástico. «No todas las empresas podrán asumirlo», ha asegurado Vizcaíno. Unas 2.400 compañías (el 7% del sector), especialmente de tamaño medio o pequeño ubicadas en Cataluña, Andalucía y Castilla y León, estarán en riesgo, según sus datos.

«No discutimos la economía circular» , ha asegurado García de Quevedo. Pero el sector lamenta que la propuesta española tenga una «ambición mayor» que la directiva europea de la que parte y plazos ajustados. Las estimaciones de lo que costaría implantar las medidas 'base' europeas rondan los 500-750 millones de euros, es decir, que las medidas previstas en España incrementan más de 6.250-6.500 millones de euros los costes.

«Es imprescindible que el Gobierno y el sector nos sentemos a negociar para llevar a cabo estas medidas, pero sin penalizar a las empresas, sobre todo a las pymes de la España Vaciada, porque este real decreto no solo hace daño al sector sino al conjunto de la economía», ha dicho el directivo de FIAB.