Sanidad y las CC.AA. acuerdan aprobar antes de que finalice el año un plan de acción para la Atención Primaria
El ministerio se compromete a «adecuar la política presupuestaria a la consecución del plan»
La Atención Primaria lleva más de una década en la UCI. Resuelve el 90 por ciento de los problemas de salud de la población pero arrastra un grave déficit presupuestario y de personal. La pandemia de Covid ha sido su golpe de gracia. Tras año y medio de agonía, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad acordaron ayer aprobar antes de finales de año un plan de rescate con el objetivo de fortalecer el eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud.
El nuevo plan de acción toma como referencia el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado en abril de 2019 y que no llegó a implementarse completamente. Entre las medidas que se proponen ahora las administraciones públicas está la de «promover una atención integral; mejorar la capacidad de resolución diagnóstica; impulsar sistemas de información y digitalización, y adaptar y formar Recursos Humanos, garantizando la calidad de la Atención Primaria». Para alcanzar esos objetivos, el Ministerio de Sanidad se compromete además a «adecuar la política presupuestaria».
Pese a que el plan de choque tiene que estar delineado antes de que acabe 2021, algunas comunidades autónomas recordaron ayer a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que la Atención Primaria no puede esperar más. Desde la Comunidad de Madrid señalaron a ABC que la declaración firmada este viernes por los representantes ministeriales y autonómicos en el ‘I Encuentro Atención Primaria: Retos y Oportunidades’, celebrado en Maspalomas (Gran Canaria), «adolece de medidas concretas que se tienen que abordar desde ya en el ámbito normativo y regulatorio nacional para afrontar sobre todo la escasez de médicos que sufre la Atención Primaria». Además solicitan «partidas específicas para destinar a este servicio sanitario.
Más plazas MIR
Galicia también llegó al encuentro prácticamente con las mismas reivindicaciones que Madrid y que podrían resumirse en la urgencia de más médicos. La Xunta, al igual que Madrid, reclamó más especialistas. Para ello, pidió incrementar las plazas MIR de medicina de familia y pediatría; eliminar la tasa de reposición, es decir, que puedan convocarse más del cien por cien de las plazas vacantes en las ofertas públicas de empleo; y crear la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Su consejero, Julio García Comesaña, puso énfasis en «la urgencia de promover la medicina familiar entre los graduados, y revisar los programas formativos, para hacer atractiva esa especialidad ante la endémica falta de médicos».
En el caso de la Comunidad de Madrid urgió a Darias a «desarrollar la especialidad de enfermera familiar y comunitaria (EFC) y de la enfermera pediátrica; además de definir los puestos de trabajo en Atención Primaria para dichas especialidades y crear bolsas de trabajo específicas para enfermeros especialistas».
En España, según los últimos datos disponibles publicados por Eurostat, en 2017 había 0,76 médicos de Atención Primaria por cada mil habitantes, una cifra que apenas ha crecido desde los 0,73 de 2008. Solo países europeos como Polonia, Grecia, Bulgaria, Eslovenia, Hungría y Letonia tienen tan pocos médicos por cada habitante. Portugal, que en una década pasó de 1,85 a 2,63 médicos, encabeza el ranking, y otros países del entorno como Francia cuentan con 1,42.
Entre las comunidades que se mostraron más críticas con el plan estuvo el País Vasco, aunque su rechazo estuvo motivado por razones políticas. Su consejero de Sanidad, Gotzone Sagardui, considera que el plan «anuncia actuaciones que se adentran dentro del ámbito de las competencias» del País Vasco, por lo que dicha comunidad no se verá vinculada a los compromisos que se han adoptado en el mismo. «Euskadi establecerá compromisos y líneas de trabajo propias en función de las competencias que le asisten», concluyó.
