Sanidad supervisará a través del Interterritorial a las comunidades que privaticen servicios
En Galicia, con una gran cantidad de acuerdos público-privados, creen que se avalarán sin problemas
Sanidad marcará las pautas a las comunidades que decidan privatizar servicios

El «blindaje» de la sanidad pública continúa su andadura legislativa con división entre los socios del Gobierno. El Consejo de Ministros de ayer probó en segunda vuelta el Anteproyecto de Ley que consolida la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Cuando ... entre en vigor (tras su tramitación parlamentaria), el Gobierno podrá supervisar en presencia de las comunidades autónomas -a través del Consejo Interterritorial de Salud (CISNS) - que las excepciones a la norma son razonables, en unas competencias transferidas a las mismas desde hace años. Para Unidas Podemos, ese margen es suficiente para plantarse, y según confirmaron este martes, si no se modifica este punto será difícil que el grupo dé su apoyo a la ley en el Congreso.
La norma parte de la premisa de que toda la cartera de la sanidad pública tiene que estar gestionada también por las propias administraciones públicas. Las excepciones se concederán para «complementar», pero nunca para «sustituir» servicios, siempre y cuando no sea posible la gestión directa, según explicó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias , tras el Consejo de Ministros. Las comunidades que deseen solicitar una de estas excepciones tendrán que cumplir una serie de requisitos y motivarlos, justificando la optimización de los recursos así como la insuficiencia de sus propios medios. Cuando se recurran a fórmulas de gestión indirecta, será el propio CISNS, donde están representados tanto Sanidad como las comunidades autónomas, quien determine las pautas y si se permite la excepción para estos servicios tan concretos. «Nunca sustituiría a la pública», aseguró Darias.
En relación a las críticas recibidas por parte de Unidas Podemos, Darias recordó que «es una ley que mana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida y participada. Del texto aprobado en primera vuelta al de hoy (por el martes) hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar», reivindicó la ministra del ramo.
Una cortina de humo
Las críticas no tardaron en llegar también de todas las regiones. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró este martes que «habrá que ver primero que quiere impulsar el Ministerio» porque «del dicho al hecho muchas veces hay mucho trecho». «Creo que la equidad ahora mismo está garantizada», subrayó, antes de expresar que «como siempre, puede ser un fuego de artificio o una cortina de humo para tapar alguna otra cosa». Vázquez insistió que no cree que «en este país precisamente estemos peleando por la equidad en Sanidad», sino que «la tenemos conseguida desde hace años».
Sobre cómo podría afectar la nueva legislación a Castilla y León aseguró desconocerlo. «Me gustaría saber qué es lo que van a aprobar», manifestó a la vez que señaló que espera que en el Consejo Interterritorial que se celebra hoy en Valencia informen a las comunidades al respecto.
En Galicia , en cambio, creen que no habrá problema en que el CISNS avale sus conciertos privados. Preguntado por ABC, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) considera que con un informe que justificara la pervivencia de los conciertos bastaría para que estos pudieran seguir vigentes en su territorio . De no ser así, la sanidad pública gallega tendría un problema grave, principalmente en el área sanitaria de Vigo, donde el concierto con Povisa permite que el centro propiedad del grupo Ribera pueda atender hasta 139.000 cartillas del Sergas, después de la renegociación de las condiciones en 2019.
Durante este proceso de negociación -consecuencia de que Povisa entrase en concurso de acreedores, tras alegar que la cápita por paciente público era inferior a los costes que asumía-, el Sergas vino a reconocer que carecía de medios suficientes para asumir dentro del sistema este volumen de pacientes. Povisa le facturó a la sanidad pública gallega 75 millones de euros en el año 2018. Los datos del Presupuesto del Servicio Gallego de Salud para 2022 cifran en 137 millones la partida de conciertos con instituciones de atención especializada.
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