Las residencias de mayores denuncian «desigualdad» entre CC.AA. a la hora de hacer PCR a sus trabajadores
Piden un criterio uniforme para todo el país y que sea el Sistema Nacional de Salud el que se encargue de realizar los test
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Miles de profesores han pasado por una prueba PCR antes del inicio del curso escolar, sin embargo, no todas las comunidades autónomas han extendido esta medida de prevención contra el Covid-19 a los trabajadores de las residencias de ancianos.
«¿Es que el trabajo de estos profesionales es menos relevante o es que la salud de los niños es más importante que la de las personas mayores?» , denunció este jueves a ABC Juan José García Ferrer, secretario general del Grupo Social Lares, una asociación que aglutina a más de 600 residencias de ancianos gestionadas por organizaciones sin fines de lucro.
Según un informe de esta organización, al que ha tenido acceso nuestro periódico, en Aragón, Baleares, Murcia, Canarias y la ciudad de Ceuta, la administración autonómica no ha asumido la realización de las pruebas PCR al personal que se incorpora a las residencias tras el descanso estival.
En otras, como en la Comunidad Valenciana, los profesionales se han realizado el test, pero se han tenido que incorporar a su puesto sin conocer los resultados puesto que esta comunidad tiene problemas con la gestión de estas pruebas desde el pasado 26 de agosto.
En Cantabria, los test se han dejado de hacer y en el caso de Madrid, País Vasco y Extremadura, la realización de estas pruebas depende de la decisión de cada centro de salud, área sanitaria o diputación.
De siete a más de 14 días
El plazo temporal de las ausencias de los profesionales para obligarles a hacerse una PCR tampoco es el mismo en todas las comunidades autónomas. En algunas basta una ausencia de siete días para pedir al trabajador que se someta a un test. Es el caso de Asturias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha. En Andalucía ese plazo sube hasta los díez días y hasta más de 14 días en Cantabria, Madrid y Navarra.
«Al final lo que percibimos es que los criterios de salud pública con distintos en cada sitio y esto como ciudadanos nos genera profunda desconfianza. Es urgente un criterio uniforme, que evite 17 modelos, algunos contradictorios y, desde luego, hay que frenar cualquier decisión que suponga una discriminación por parte de la administración hacia los trabajadores de las residencias», comenta el secretario general del Grupo Lares.
Al no asumir las comunidades autónomas estos test, son las propias residencias las que deben hacer frente a los costes. Para una organización sin ánimo de lucro que gestiona un centro con 150 trabajadores esto puede suponer 15.000 euros en pruebas PCR. «Hay residencias con fines de lucro que pueden tener capacidad para ello o les cobran las pruebas a los propios residentes, pero al final lo que estamos haciendo es trasladar un copago sanitario a las personas más frágiles», apunta.
Para esta organización, las PCR al personal de las residencias «no es una cuestión de prevención de riesgos laborales, sino de prevenir al usuario del contagio del trabajador». «La diferencia es muy grande», insiste García Ferrer.
