Vox recurre al Constitucional la ley educativa de Baleares que no garantiza el uso del español en las aulas
Considera que la norma aprobada por el Gobierno de Francina Armengol «priva» al castellano de su condición de lengua vehicular
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Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Educación aprobada por el Parlamento balear el pasado mes de febrero, al considerar que « pone en riesgo« el sistema educativo y »priva« al castellano de su condición de lengua vehicular .
Los 52 diputados de VOX en el Congreso han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que solicitan que declare inconstitucional la Ley 1/2022 de Educación de Islas Baleares y anule varios artículos.
Para la vicesecretaria nacional Jurídica de Vox, Marta Castro , la ley «aprovecha la imprecisión de los contornos del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano -con grave infracción de la Constitución- de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza «.
Castro ha considerado que la normativa aprobada en Baleares ataca al menos los derechos fundamentales de utilización y conocimiento de la lengua española, de libertad ideológica y el que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos.
La primera educativa de Baleares salió adelante sin el consenso de la mayor parte de la oposición, principalmente por el modelo lingüístico, que blinda el catalán mientras que el uso del castellano no queda garantizado ni siquiera un 25% . Los equipos directivos decidirán el peso de las lenguas en el horario escolar, algo que ya ocurre y que permite aplicar una inmersión lingüística de facto en la gran mayoría de los centros educativos.
Desde la oposición, incluido Vox, reprocharon al Govern que la ley nazca sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.
El portavoz de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha afirmado que la inmersión lingüística « lleva imponiéndose « en las islas desde el año 1997, con la aprobación de la Ley de Mínimos. Esta norma «eliminó el español como lengua de enseñanza al imponer de facto la inmersión obligatoria en catalán, que es lo que ha recogido la ley de educación balear del gobierno de Francina Armengol », ha concluido Campos.
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