Reclaman al Gobierno que «abra» definitivamente la concesión de los cursos para recuperar puntos
PONS Seguridad Vial y AEA urgen al Gobierno la apertura de la la gestión de la impartición de los cursos de sensibilización y reeducación vial para conductores. Arnaldo también denuncia «el negociete» montado por CNAE
Siguen apareciendo voces críticas contra el actual sistema de recuperación de puntos del carné. En concreto, hacia la adjudicación a los centros de la posibilidad de hacerlos, un sistema que la Audiencia Nacional acaba de catalogar como «cerrado» y cuya apertura piden diversos organismos, como Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y PONS Seguridad Vial.
Desde que el pasado 24 de enero, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional hiciera pública una sentencia en la que habla del «vicio anticompetitivo» que pesa desde el origen en el sistema de adjudicación de estos cursos, CNAE, la patronal de las autoescuelas ha defendido esa concesión. También la Dirección General de Tráfico ( DGT ), que anunció el pasado miércoles que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
La sentencia anula el acuerdo de licitación llevado a cabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio (en el BOE del 10 de agosto) a través del cual la Dirección General de Tráfico (DGT) adjudicaba en 2005 la gestión de la impartición de los cursos de sensibilización y reeducación vial para conductores que han perdido total o parcialmente los puntos en su carné.
Según Mario Arnaldo, «desde el año 2006 venimos denunciado el "negociete" que hay montado en España con los cursos de recuperación de puntos . Por ello ya pedimos en 2017 al fiscal General del Estado que, en defensa de los consumidores, interviniera en este asunto», una argumentación que la Audiencia Nacional recoge en la exposición.
Por su parte, PONS Seguridad Vial considera que el permiso por untos «es una herramienta especialmente útil para la reducción de la siniestralidad de un país». Reprocha la entidad que con dicha «finalidad España en 2005 optaba por un sistema inicial de recuperación de puntos a través de unos cursos que solo podrían impartir un reducido número de centros (algo más de 200 en toda España) mediante un sistema restrictivo de concesión administrativa. Aunque podría entenderse que se priorizaba entonces la monitorización de todos los elementos del sistema por encima del derecho de los ciudadanos al fácil acceso a los servicios públicos y la libertad de mercado en la formación, evidentemente no era la opción más deseable, ni para los ciudadanos, ni para el mercado, por el riesgo de que el sistema permita prácticas monopolísticas».
Para PONS, « transcurrida su puesta en marcha inicial se hacía lógico y razonable abrir el sistema paulatinamente para garantizar los derechos restringidos. Y, en esta línea, dar además cumplimiento progresivamente a la normativa comunitaria de libre acceso a los servicios promulgada por la Directiva 2006/123/CE y su transposición al derecho nacional a través de las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre y 25/2009, de 22 de diciembre. Asimismo, ya de modo más reciente, a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Sin embargo, este proceso de apertura nunca se produjo, continuando de este modo el sistema restrictivo concesional».
El fallo de la Audiencia Nacional, que recoge que el sistema actual atenta contra el derecho de la Unión Europea y restringe la libre competencia en el sector, provoca que PONS Seguridad Vial inste «al Gobierno y los diferentes grupos políticos a ejecutar lo dispuesto en la sentencia con la mayor celeridad posible, garantizando de este modo los derechos y las libertades ahora restringidas».
También Pedro Javaloyes, en nombre de Dvuelta, se ha pronunciado: «La sentencia de la Audiencia Nacional que anula el sistema de concesión de los cursos de reeducación y recuperación de los puntos del permiso de conducción no hace sino abundar en las denuncias de Dvuelta sobre lo perverso de un sistema que ha funcionado sin sonrojo en régimen de monopolio de facto , y que ha obligado a pasar por la caja de la llamada Confederación Nacional de Autoescuelas (una S.L. de carácter mercantil) a más del 90% de los conductores que han necesitado recuperar los puntos de su carné. Eliminándose, por parte, la libre concurrencia entre actores en el mercado y obligando a contratar los crusos a CNAE».
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